La normativa se envió al despacho presidencial el 17 de diciembre
El Poder Ejecutivo observó la reciente ley que establece que toda iniciativa de modificación constitucional deberá ser aprobada primero por el Congreso antes de someterse a referéndum. El presidente Pedro Castillo optó por devolver el dictamen al Legislativo en el último día que tenía para publicarla u observarla.
En este sentido, la normativa se debatirá nuevamente en el Pleno del Congreso. Este poder del Estado podrá decidir modificar el dictamen para que sea evaluado nuevamente por el Ejecutivo o impulsar y aprobar el dictamen por insistencia.
El motivo principal por el cual la norma se observó recae en la ciudadanía. De acuerdo a la justificación del Gobierno, esta medida restringe arbitrariamente el derecho a referéndum de la población, señalado en la Constitución. En este sentido, la respuesta a María del Carmen Alva, afirma que la normativa impide el desarrollo de un derecho de carácter activo.
La ciudadanía tiene derecho a organizarse para exigir al Estado discutir los asuntos públicos. Por eso, desde el Ejecutivo hemos observado la autógrafa que modifica la Ley 26300, dado que esta atenta contra el derecho fundamental a la participación política plena y al referéndum.
— Mirtha Vásquez (@MirtyVas) January 14, 2022
Justificación de la observación por parte del Ejecutivo
La observación de la ley no se restringe solo al argumento que ya se mencionó. Desde el Ejecutivo consideran que el paso explícito de un referéndum por la aprobación del Congreso atenta contra el derecho de consulta popular.
Adicionalmente, desde el sector que lidera Pedro Castillo se asume que existe una injerencia en las funciones del presidente. De acuerdo a la justificación que se brindó, el mandatario puede convocar a unos comicios sin previa autorización del Legislativo; sin embargo, la nueva norma sí lo exigiría.
De la misma manera, se considera que este dictamen afectaría a la división de poderes. “La autógrafa de ley vulnera los principios de separación de poderes y de competencia, al inmiscuirse en la competencia exclusiva y excluyente del Ejecutivo de formular y dirigir la Política General del Gobierno”. Esta acusación se sustenta en que se evita el correcto desarrollo de la participación política de los ciudadanos.
Finalmente, se acusa a la medida de carecer de un análisis constitucional de proporcionalidad de la restricción de los derechos de participación y reférendum.