Diversos colectivos marcharán este miércoles para la defensa de la misma
16 universidades, entre privadas y públicas, se manifestaron en contra de los proyectos de ley recientemente aprobados en la Comisión de Educación del Congreso. El motivo, sostienen, se debe a que estas iniciativas legales atentan contra la Superintendencia Nacional de Educación Superior (SUNEDU) y, por tanto, contra la reforma universitaria.
Los centros de estudios que adjuntaron su rúbrica fueron los siguientes: Pontificia Universidad Católica del Perú, la Andina del Cusco y Antonio Ruiz de Montoya. De la misma manera, las Universidades Católicas de Santa María, Trujillo, San Pablo, Santo Toribio de Mogrovejo y la Sede Sapientiae.
También se unieron al pedido la Universidad de Lima, la Pacífico, la Femenina del Sagrado Corazón y La Salle de Arequipa. Adhirieron su firma al comunicado las Universidades Nacionales de San Agustín y la de Toribio Rodriguez de Mendoza de Amazonas. Finalmente, apoyaron el comunicado la Universidad Cayetano Heredia y la Privada de Tacna.
La defensa de la Reforma universitaria
Las firmantes declararon una serie de argumentos para posicionarse de manera contraria a las iniciativas impulsadas por Fuerza Popular, Perú Libre y Renovación Popular. El primer punto considera que los avances logrados por la reforma universitaria ha significado un impulso positivo a la educación y, por tanto, al Perú. En dicho sentido, afirman que defender la reforma universitaria es defender la calidad de la enseñanza y, a su vez, al futuro del país.
En segundo lugar consideran indispensable que la reforma universitaria se mantenga bajo un organismo capaz, independiente e imparcial como SUNEDU. Sostienen que estos atributos permitieron la denegación de licencias a las universidades correspondientes. Es por este motivo que el retorno de la Asociación Nacional de Rectores atentaría contra ésta reforma, pues existiría un potencial conflicto de intereses. Sin embargo, reconocieron que los organismos existentes aún pueden mejorar.
Sobre las universidades públicas retrataron la necesidad de que éstas cuenten con un considerable financiamiento estatal, con modelos de gestión de acorde al quehacer institucional. Retratan que un sistema educativo superior público es una garantía de la calidad universitaria en su conjunto.
Finalmente, instaron a todos los poderes del Estado a comprometerse con el desarrollo de la educación superior de calidad en el país. Es en este sentido que, manifiestan, se debe apostar por un sistema universitario descentralizado, inclusivo y pertinente.
¿Cuáles fueron los proyectos aprobados en el Congreso?
El pasado viernes la Comisión de Educación aprobó dos dictámenes que atentan contra la reforma universitaria emprendida desde hace algunos años en nuestro país.
El primer de los proyectos que serán elevados al pleno consisten en torno al licenciamiento de las universidades cerradas. La iniciativa un plazo de dos años a las universidades con la licencia denegada para que puedan continuar con la enseñanza mientras solucionan deficiencias. Vale precisar que dentro de las consideraciones de la normativa se utilizó argumentos y consideraciones de universidades denegadas, demostrando un conflicto de intereses.
El segundo atentado contra la reforma universitaria reside en una posible re-composición de SUNEDU. El proyecto evalúa el instaurar un nuevo consejo directivo con representantes de diversos sectores ligados a la educación. Sin embargo, los expertos sostienen que este directorio sería similar a lo que antes era la Asociación Nacional de Rectores. Ésta última era el organismo encargado de supervisar la calidad educativa hasta antes de la reforma universitaria.