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La menor tiene 13 años y fue diagnosticada con VIH cuando tenía dos. Sus padres sostienen que contrajo el virus durante su atención médica en el hospital. El proceso judicial continúa sin una reparación y ahora enfrenta un peritaje de S/15.000.
Por Nayeli Capuñay
Han pasado once años desde que una familia comenzó una batalla que todavía no encuentra respuesta. Su hija, que hoy tiene 13 años, fue diagnosticada con VIH cuando tenía apenas dos. Desde entonces, sus padres buscan determinar cómo adquirió el virus y obtener una reparación por las consecuencias que, según denuncian, sufrió durante su atención médica en el Hospital Cayetano Heredia.
La menor nació en agosto de 2013 y, de acuerdo con el relato de su madre, enfrentó graves complicaciones desde sus primeros días de vida. Fue diagnosticada con meningitis, permaneció 14 días en la Unidad de Cuidados Intensivos y posteriormente desarrolló hidrocefalia.
Durante su tratamiento pasó por numerosas intervenciones. Su familia asegura que fueron 17 operaciones cerebrales y tres transfusiones de sangre antes de que, a los dos años, un examen realizado en el Hospital del Niño confirmara que tenía VIH. Las pruebas realizadas a sus padres dieron resultado negativo.
El diagnóstico llegó cuando la menor ya había atravesado un largo periodo de hospitalizaciones y procedimientos médicos.
Sus padres sostienen que el contagio se produjo durante la atención recibida en el Cayetano Heredia. Sin embargo, el origen exacto de la infección no pudo ser determinado por las autoridades sanitarias y el proceso penal terminó archivándose al no identificarse al responsable.
El Ministerio de Salud también descartó que la transmisión se hubiera producido a través de las transfusiones, después de que los donantes sometidos a pruebas dieran negativo. La familia, sin embargo, mantiene su denuncia y continúa buscando que se determine si existieron fallas durante la atención de la menor.
Las consecuencias para la niña han sido severas. Según su familia, perdió la visión y no logró desarrollar el habla. Actualmente necesita tratamiento antirretroviral, medicamentos, pañales y terapias de rehabilitación de manera permanente.
La familia inició acciones para obtener una indemnización, pero el proceso continúa sin una resolución definitiva.
Cuando esperaban que el caso avanzara hacia una sentencia, se ordenó un nuevo peritaje cuyo costo asciende a S/15.000. El problema es que los padres aseguran no contar con los recursos necesarios para asumir ese pago.
El Poder Judicial les otorgó un plazo de un año para reunir el dinero. Para la familia, el nuevo requisito representa otro obstáculo después de once años de espera.
Un informe elaborado en 2025 también habría detectado irregularidades relacionadas con el protocolo de transfusión, además de cuestionamientos sobre el consentimiento informado y los registros médicos. Estos elementos forman parte de los argumentos presentados por la defensa de la familia, mientras que la representación legal del Estado rechaza las acusaciones
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El padre trabaja largas jornadas para cubrir los gastos del hogar y el tratamiento de su hija. Según los reportes periodísticos, uno de los hermanos tuvo que dejar sus estudios para comenzar a trabajar, mientras la madre permanece dedicada principalmente al cuidado de la menor.
La niña requiere atención permanente y terapias para mejorar su movilidad. La falta de recursos limita el acceso a algunos de estos tratamientos.
Mientras tanto, la familia continúa esperando una respuesta sobre la demanda de indemnización y reclama que el caso no vuelva a quedar paralizado.
El caso todavía tiene una pregunta central sin resolver: ¿cómo adquirió el VIH la menor?
La familia sostiene que la respuesta está vinculada con los procedimientos médicos que recibió durante su atención hospitalaria. Las autoridades sanitarias, por su parte, no pudieron establecer el lugar exacto de la transmisión y el proceso penal fue archivado al no determinarse un responsable.
Por ahora, el pedido de la familia sigue siendo el mismo que hace once años: conocer qué ocurrió, determinar responsabilidades si corresponde y acceder a una reparación que permita afrontar las necesidades de una niña cuya vida quedó marcada por una enfermedad diagnosticada durante sus primeros años.
Mientras el proceso continúa, un peritaje de S/15.000 se ha convertido en el nuevo obstáculo para una familia que asegura haber esperado demasiado tiempo por justicia.
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