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Por Katia Velasquez
La diputada de Juntos por el Perú, Analí Márquez, presentó una denuncia constitucional contra el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, por sus declaraciones sobre un eventual cierre del Congreso. La legisladora solicita su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 10 años.
La denuncia se originó por las declaraciones que Gutiérrez realizó el 27 de agosto, cuando afirmó que una eventual disolución del Parlamento incrementaría entre 20 y 30 puntos la aprobación de la presidenta Keiko Fujimori.
Márquez sostiene que el defensor del Pueblo evaluó una medida de ese alcance por sus posibles efectos políticos y en las encuestas, sin advertir que un cierre del Congreso debe sujetarse al marco constitucional. En su denuncia, considera que estas expresiones vulnerarían los principios de separación de poderes y defensa del Estado democrático de derecho.
La parlamentaria también cuestionó que Gutiérrez relacionara ese eventual incremento de popularidad con el respaldo que obtuvo Alberto Fujimori tras el autogolpe de 1992. Para Márquez, esa referencia presentaría un quiebre institucional como un precedente políticamente favorable.
En el documento, Márquez atribuye al defensor del Pueblo una presunta infracción de los artículos 38, 43, 45, 161 y 162 de la Constitución. Estos últimos establecen las funciones de la Defensoría del Pueblo, entre ellas la defensa de los derechos constitucionales y la supervisión de los deberes de la administración estatal.
Por estos hechos, la legisladora solicita que Gutiérrez sea destituido de su cargo y que se le imponga una inhabilitación para ejercer función pública por 10 años. La denuncia deberá ser evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Si continúa el procedimiento, la instancia deberá investigar los hechos y elaborar un informe para su posterior debate y votación en el Congreso.
Frente a la denuncia, Gutiérrez manifestó que está dispuesto a acudir al Parlamento para explicar el sentido de sus declaraciones. El funcionario también dejó abierta la posibilidad de ofrecer disculpas si considera que corresponde.
El defensor aseguró que no promueve ni promoverá acciones contra el orden constitucional y sostuvo que una eventual comparecencia ante el Congreso le permitiría aclarar su posición.
Las declaraciones también generaron rechazo entre las bancadas de Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras en el Senado, cuyos representantes calificaron sus expresiones como contrarias al equilibrio constitucional. Renovación Popular también había cuestionado previamente al titular de la Defensoría por este tema.
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