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Fredy López Mendoza se trasladó a Áncash por disposición del Ministerio del Interior para encabezar las diligencias por el crimen de la periodista y candidata Susy Aponte. Hay dos ciudadanos venezolanos detenidos.
Por Nayeli Capuñay
El asesinato de Susy Aponte Polo, conocida como “China Polo”, generó una respuesta directa del Ministerio del Interior. El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Fredy López Mendoza, viajó a Caraz, en la provincia de Huaylas, para dirigir las investigaciones destinadas a esclarecer el crimen de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash.
La decisión fue adoptada por el ministro del Interior, César Astudillo, y contempla la participación del jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), general PNP José Zavala Chumbiauca, además de personal especializado de la Dirincri.
López Mendoza se trasladó a Caraz el domingo 20 de septiembre y participó en las primeras diligencias en los alrededores del mercado donde ocurrió el ataque. El objetivo es reconstruir la secuencia del crimen, recoger evidencias y determinar quiénes participaron en el asesinato.
La Policía también realiza inspecciones en puntos vinculados con la investigación, entre ellos el lugar donde ocurrió el ataque, una presunta ruta de escape y el hospedaje donde habrían permanecido personas comprendidas en las pesquisas.
Como parte de las diligencias se dispuso una pericia balística sobre el arma de fuego incautada durante la intervención de uno de los investigados, además de su homologación con los casquillos encontrados en la escena. Según los registros policiales, dicha arma figura con una denuncia por hurto presentada en 2023 en Villa El Salvador.
Hasta el momento, la investigación cuenta con dos ciudadanos venezolanos detenidos. Uno de ellos fue intervenido en Caraz poco después del ataque y es señalado preliminarmente como presunto autor material. El segundo fue detenido posteriormente en Lima y trasladado a Áncash para continuar con las diligencias.
La Policía solicitó al juzgado penal competente la convalidación judicial de ambas detenciones por un plazo de hasta siete días, mientras continúan las diligencias urgentes y se incorporan nuevos elementos a la investigación.
La situación jurídica de los intervenidos deberá ser determinada por las autoridades competentes. Su detención e investigación no implica una condena.
Aponte, de 43 años, fue asesinada el sábado 19 de septiembre mientras participaba en una actividad proselitista en las inmediaciones del mercado de Caraz. La periodista, conocida por sus denuncias y publicaciones en redes sociales, era candidata al Gobierno Regional de Áncash por el movimiento Socios por Áncash.
El ataque ocurrió mientras caminaba junto a simpatizantes y miembros de su agrupación. Un sujeto armado se aproximó y realizó varios disparos. Aponte murió como consecuencia del ataque y otras personas resultaron heridas.
La investigación fiscal comenzó inicialmente bajo otra calificación jurídica, pero posteriormente pasó a ser investigada como presunto sicariato, de acuerdo con información del Ministerio Público reportada por medios locales. Esta hipótesis deberá ser sustentada mediante las diligencias y pruebas correspondientes.
Uno de los elementos que las autoridades deberán esclarecer son las amenazas que Aponte había denunciado públicamente días antes de su asesinato.
La periodista había afirmado haber recibido llamadas desde distintos establecimientos penitenciarios y sostuvo que había sido amenazada. En sus declaraciones también señaló a un entonces alto mando policial, aunque no existen hasta el momento elementos públicos que permitan establecer que esas acusaciones estén vinculadas con su asesinato.
Precisamente por ello, la investigación deberá determinar si esas amenazas tuvieron alguna relación con el ataque, si existió una planificación previa y quiénes podrían estar detrás de la ejecución del crimen.
El caso permanece abierto y las autoridades buscan establecer no solo quién habría realizado el ataque, sino también las circunstancias que lo rodearon y eventuales responsabilidades adicionales.
Con el comandante general de la PNP encabezando las diligencias en Caraz, el Gobierno busca acelerar el esclarecimiento de un crimen ocurrido en plena actividad electoral y que ha colocado nuevamente bajo atención la seguridad de periodistas y candidatos en el país.
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