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Por Fabiana Luciani
El diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, fue detenido este 30 de julio en el distrito limeño de San Miguel, luego de ser denunciado por una presunta agresión física contra una mujer. La Policía Nacional inició las diligencias correspondientes mientras el caso es investigado por el Ministerio Público.
De acuerdo con la información policial, el legislador acudió a la vivienda de la denunciante, ubicada en San Miguel. Tras ser recibido por el padre de la mujer, se habría producido un forcejeo que permitió el ingreso de Pérez Mallqui al inmueble.
Ante la situación, la mujer solicitó apoyo a la Policía Nacional y al Serenazgo del distrito. Los agentes intervinieron al parlamentario en presunta flagrancia y lo trasladaron a la comisaría de San Miguel, donde permanece junto con la denunciante mientras se desarrollan las investigaciones.
Ambas partes serán sometidas a exámenes médico-legales como parte del proceso para esclarecer los hechos.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que un equipo del Programa Nacional Warmi Ñan acudió a la comisaría para brindar asistencia legal y psicológica a la presunta víctima, conforme al protocolo establecido para casos de violencia.
La detención ha generado mayor atención debido a los antecedentes judiciales del legislador. Según registros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Pérez Mallqui afrontó procesos por lesiones culposas, violencia familiar y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Uno de los casos más conocidos ocurrió en febrero de 2024, cuando fue sentenciado por lesiones culposas tras atropellar a una menor de siete años y a su madre en el distrito de Pichari, en Cusco. El Poder Judicial le impuso una pena de prisión suspendida y el pago de S/80 mil como reparación civil, proceso que aún se encuentra en revisión tras un recurso presentado por su defensa.
Especialistas en derecho parlamentario señalaron que, al tratarse de una intervención en presunta flagrancia, la inmunidad parlamentaria no impediría el desarrollo de las investigaciones ni la eventual solicitud de medidas coercitivas si el Ministerio Público reúne los elementos necesarios. Por el momento, la Policía Nacional y la Fiscalía continúan con las diligencias para determinar las responsabilidades del caso y definir las acciones legales que correspondan
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