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El Ministerio Público abrió un procedimiento preventivo tras una denuncia del exdirigente Carlos Franco Chipoco. La medida busca reforzar la supervisión de los árbitros y el VAR ante el riesgo de que las controversias provoquen incidentes en los estadios.
Por Hiroshi Garcia Matsuoka
Las constantes discusiones por las decisiones arbitrales en el fútbol peruano llegaron a una instancia institucional. La 4.ª Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Lima abrió la Carpeta Fiscal N.º 351-2026 e inició un procedimiento preventivo que involucra a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR). La intervención se produce cuando el Torneo Clausura 2026 se acerca a su definición y crece el malestar de distintas hinchadas por el desempeño de los jueces y el uso del VAR.
La medida no significa que la Fiscalía haya determinado la existencia de delitos ni que se haya abierto una acusación penal contra los árbitros. Su propósito es prevenir posibles alteraciones del orden público durante los encuentros que restan de la temporada. Para ello, el Ministerio Público solicitó a los organismos responsables del campeonato adoptar medidas que permitan mejorar la conducción de los partidos y fortalecer la confianza en las decisiones arbitrales.
El expediente se abrió a partir de una presentación realizada por Carlos Franco Chipoco, expresidente de Alianza Lima y exdirigente de la propia Federación Peruana de Fútbol. En sus escritos, el denunciante puso en cuestión distintas actuaciones arbitrales que generaron controversia durante el campeonato.
Entre los nombres mencionados figuran Víctor Hugo Carrillo, Jhonny Bossio, Rudy Méndez, Robin Segura y Alejandro Villanueva. Sus intervenciones fueron señaladas dentro de los cuestionamientos expuestos ante el Ministerio Público, aunque la apertura del procedimiento preventivo no constituye una declaración de responsabilidad contra ninguno de ellos.
La Fiscalía consideró que el descontento acumulado entre los aficionados podía representar un riesgo para la tranquilidad pública. La preocupación está relacionada con la posibilidad de que las protestas por decisiones de los árbitros o revisiones del VAR deriven en enfrentamientos dentro o fuera de los escenarios deportivos.
Entre los requerimientos comunicados se encuentra el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y evaluación del arbitraje y del videoarbitraje. También se pidió adoptar medidas que permitan transparentar las decisiones que generan controversia y ofrecer información institucional para esclarecer determinadas actuaciones.
La CONAR ya fue notificada y deberá implementar las acciones que correspondan dentro de sus competencias. La FPF, como organismo rector del fútbol nacional, también quedó comprendida en el requerimiento fiscal.
El objetivo es que los partidos restantes se desarrollen bajo condiciones que reduzcan la posibilidad de incidentes y permitan recuperar la credibilidad en el sistema arbitral. La medida cobra especial relevancia porque el campeonato atraviesa una etapa en la que cada resultado puede influir en la definición del título.
La intervención del Ministerio Público añade presión sobre las autoridades del fútbol peruano. Las instituciones deberán responder a los requerimientos y demostrar qué mecanismos aplicarán para mejorar la supervisión de los jueces y del VAR.
Por ahora, el procedimiento tiene carácter preventivo y no modifica directamente las decisiones deportivas adoptadas durante la temporada. Sin embargo, instala una exigencia adicional para la FPF y la CONAR: garantizar que las controversias se atiendan con transparencia y que el descontento de los aficionados no termine trasladándose a situaciones de violencia.
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