Ernesto Álvarez propone separar a los internos según su peligrosidad y construir un megapenal de máxima seguridad.

Por: Alanis Araujo

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, anunció una reforma del sistema penitenciario y advirtió que la falta de una adecuada clasificación de los internos puede convertir las cárceles en espacios donde se fortalecen las organizaciones criminales.

Durante una entrevista con Expreso, el titular del sector sostuvo que actualmente personas condenadas por delitos violentos pueden compartir espacios con internos que cometieron infracciones de menor gravedad. A su juicio, esta situación dificulta la rehabilitación y puede favorecer la formación de nuevos vínculos delictivos.

Proponen separar a los internos de mayor peligrosidad

Entre las medidas planteadas por Álvarez se encuentra la construcción de, al menos, un megapenal destinado a reclusos considerados de alta peligrosidad. La propuesta busca mantenerlos separados de quienes ingresaron al sistema penitenciario por delitos menos graves.

El ministro también señaló que la reforma debe incluir una transformación en la gestión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con una administración orientada tanto al control de los establecimientos como a la rehabilitación de los internos.

La propuesta ocurre mientras el sistema penitenciario enfrenta problemas de sobrepoblación, seguridad e infraestructura. En ese contexto, el Gobierno ha iniciado cambios en la conducción del INPE y evalúa una transformación más amplia de la administración penitenciaria.

Gobierno busca recuperar el control de los penales

Álvarez también vinculó la reforma penitenciaria con la necesidad de recuperar el orden dentro de los establecimientos. En una declaración posterior, resumió su planteamiento bajo la premisa de que “sin orden no hay rehabilitación”.

El sector Justicia evalúa, además, incorporar personal especializado en seguridad e inteligencia para fortalecer el control de los centros penitenciarios. La estrategia contempla una gestión diferenciada de los internos según su nivel de peligrosidad.

El Gobierno deberá definir ahora los mecanismos, presupuesto y plazos para implementar estas medidas. El principal desafío será evitar que la reforma se limite a ampliar la capacidad carcelaria y conseguir que la clasificación, seguridad y resocialización funcionen de manera efectiva.