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La producción ilegal creció 19,4% entre enero y junio, mientras la extracción formal cayó 5,9%, según estimaciones del IPE.
Por: Alanis Araujo
La producción de oro ilegal superó por primera vez a la formal en el Perú durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE). Entre enero y junio, la extracción de origen ilegal aumentó 19,4%, mientras que la producción formal retrocedió 5,9%, generando una diferencia de 8,7 toneladas a favor de la actividad ilegal.
El gerente general del IPE, Carlos Gallardo, explicó que esta estimación se obtiene al comparar el oro que sale del país con la producción reportada oficialmente ante el Ministerio de Energía y Minas. La diferencia corresponde al mineral cuyo origen no puede ser explicado mediante los registros oficiales.
El avance de esta actividad también estaría impulsado por el elevado precio internacional del oro. Para 2026, el IPE estima que la producción ilegal podría alcanzar al menos 110 toneladas y superar las 120 toneladas bajo un escenario de mayor crecimiento.
En términos económicos, el instituto calcula que el valor exportado de oro de origen ilegal llegaría como mínimo a US$16.000 millones durante este año y podría superar los US$18.000 millones. Esta cifra representaría casi ocho veces el valor estimado de hace una década.
El precio promedio del oro durante 2026 también ha favorecido el incremento del valor de esta actividad. Según el IPE, el metal registra un promedio cercano a US$4.500 por onza, un nivel considerablemente superior al de años anteriores.
Uno de los principales puntos señalados por el IPE es el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Según el instituto, parte del oro de origen ilegal logra ingresar a la cadena formal mediante operadores vinculados a este registro.
El mecanismo permitiría que mineral cuya procedencia no está adecuadamente sustentada sea incorporado posteriormente a circuitos de comercialización y exportación. Gallardo sostuvo que el problema no se limita a la extracción, sino que comprende toda una cadena de transporte, procesamiento y comercialización.
El IPE también señala que solo una pequeña proporción de los inscritos en el Reinfo ha culminado efectivamente su proceso de formalización. La vigencia del registro está prevista hasta diciembre de 2026, mientras continúa el debate sobre su continuidad y las alternativas para la formalización de los pequeños mineros.
Mientras la extracción ilegal aumenta, la producción formal enfrenta dificultades vinculadas con la inseguridad, las inversiones y las condiciones de operación de los proyectos mineros.
Gallardo señaló que mantener o elevar la producción formal requiere nuevas inversiones, pero la presencia de actividades ilegales y los problemas de seguridad en determinadas zonas generan obstáculos para las empresas. El IPE estima que proyectos mineros valorizados en más de US$12.000 millones estarían en riesgo por el avance de estas actividades.
Entre las zonas identificadas con una importante presencia de minería ilegal figuran Puno, La Libertad y Madre de Dios. Sin embargo, el IPE advierte que la actividad se ha extendido hacia otras regiones del país.
El avance del oro ilegal plantea así un desafío que va más allá del control de los puntos de extracción. Para el IPE, una respuesta efectiva requiere mejorar la trazabilidad del mineral, utilizar inteligencia financiera y operativa y fortalecer la presencia del Estado en los territorios afectados.
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