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Convocado por la CGTP y el SUTEP, el paro nacional de 24 horas exigió adelanto de elecciones, una nueva Constitución y mayor seguridad ciudadana. Las protestas se desarrollaron en un clima de tensión política y social.
Por Walter Alexis Velásquez Mendoza
Este miércoles 14 de mayo, Perú vivió un paro nacional de 24 horas convocado por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP). La medida de fuerza, que paralizó diversas regiones del país, tuvo como principales demandas el adelanto de elecciones generales, la convocatoria a un referéndum para una nueva Constitución y un incremento en la seguridad ciudadana.
En Lima, las movilizaciones comenzaron desde temprano con concentraciones en puntos estratégicos como la Plaza Dos de Mayo y la Plaza San Martín. Los manifestantes marcharon por las principales avenidas de la capital, incluyendo Abancay y Grau, hasta llegar al Congreso de la República, donde se registraron momentos de tensión entre los protestantes y las fuerzas del orden. La Policía Nacional desplegó un gran contingente para resguardar las entidades públicas y evitar posibles desmanes.
En regiones como Cusco, Puno y Arequipa, el paro también tuvo un fuerte impacto, con bloqueos de carreteras y paralización de actividades en sectores como el transporte, la educación y el comercio. Los gremios agrarios, representados por CONVEAGRO y la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú (JNUDRP), se sumaron a la protesta, exigiendo políticas públicas que favorezcan a los pequeños productores y no solo a los grandes agroexportadores.
Por su parte, el director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), Martín Ojeda, calificó como “totalmente politizado” al paro convocado para el miércoles 14 de mayo, liderado por la Alianza Nacional de Transportistas. Según su análisis, la protesta, que surge como respuesta a la creciente delincuencia, es respaldada principalmente por el sector del transporte informal.
Ojeda remarcó que las demandas se centran en la destitución de ministros y la salida de la presidenta Dina Boluarte, objetivos que no cuentan con el respaldo de gremios empresariales del sector transporte, como la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), la Asociación de Empresarios de Transporte Urbano (AETU) y la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU).
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