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Por Katia Velasquez
El Gobierno peruano rechazó la reforma constitucional aprobada en primera votación por la Asamblea Nacional de Nicaragua, que extiende hasta 2028 el mandato de Daniel Ortega y Rosario Murillo y restringe la participación de la oposición en futuros procesos electorales.
A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno del Perú expresó su “más profunda preocupación y enérgico rechazo” a la reforma impulsada por el régimen de Ortega y Murillo. La medida fue aprobada por unanimidad el 1 de septiembre y deberá ser ratificada en una segunda legislatura en enero de 2027.
Entre sus principales cambios, la reforma amplía de seis a siete años los periodos de las autoridades del país y establece restricciones para la participación de opositores en elecciones. Con ello, los comicios previstos para noviembre de 2026 quedan desplazados y la permanencia de Ortega y Murillo en el poder se extiende hasta 2028.
La Cancillería peruana sostuvo que la iniciativa constituye un “atentado contra la legitimidad del ordenamiento legal” de Nicaragua y una violación de la Carta Democrática Interamericana y de los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos.
El Ejecutivo peruano también cuestionó las condiciones políticas en Nicaragua y afirmó que actualmente no existen garantías mínimas para celebrar elecciones “libres, justas y competitivas”.
Según el pronunciamiento, el aparato estatal nicaragüense criminaliza de manera sistemática y arbitraria a la oposición democrática. La reforma incorpora además restricciones para impedir que personas consideradas “traidores a la patria” puedan ocupar cargos públicos o participar en procesos electorales.
La medida profundiza así el control político del régimen Ortega-Murillo y reduce las posibilidades de una competencia electoral efectiva. La reforma también otorga mayores facultades a las instituciones electorales para restringir la participación de partidos y candidatos opositores.
Ante este escenario, el Gobierno peruano hizo un llamado a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas y a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que activen los mecanismos disponibles con el objetivo de evitar la consolidación del régimen autoritario en Nicaragua.
La Cancillería reafirmó además su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos en la región, y expresó su solidaridad con el pueblo nicaragüense, así como con los presos políticos, exiliados y opositores perseguidos.
El pronunciamiento de Lima se suma a las críticas internacionales contra la reforma. Estados Unidos y diversos países latinoamericanos también han cuestionado la decisión del Parlamento nicaragüense, controlado por el oficialismo.
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