El parlamentario Esdras Medina de Renovación Popular es investigado luego de que se destapó una involucración en su contra, ante la rectora de la Universidad Nacional del Callao para la contratación de su hijo, a cambio de contratar en el Congreso a la hija de la rectora.

Por Liangshan Josué Huaman Barahona

El Poder Judicial autorizó levantar el secreto de las comunicaciones del congresista de Renovación Popular, Esdras Medina, en el marco de la investigación preliminar que se le sigue el Ministerio Público por los presuntos delitos tráfico de influencias agravado, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo en perjuicio del estado.

El magistrado dispuso que las empresas operadoras del servicio de telecomunicaciones informen a dicha instancia fiscal, en un plazo de 48 horas, el reporte de llamadas, mensajes de texto y de voz entrantes, salientes y perdidos y la dirección, respecto al periodo comprendido desde el primero de noviembre del 2021 al 30 de junio del 2022.

Poder Judicial también pide que se informe los números de los demas involucrados

El juez supremo Peña Farfán también dispuso que las mismas empresas teleoperadoras de comunicaciones deberán informar respecto a los números de teléfonos celulares que utilizaron estás personas en el periodo señalado. Ordenó también que, una vez ejecutada está medida, el Ministerio Público deberá proceder a su despacho sobre el resultado de esta diligencia para el control respectivo.

Lo que se investiga en el Poder Judicial del caso es que el congresista, habría intercedido ante la rectora de la Universidad Nacional del Callao, Arcelia Rojas, para la contratación de su hijo, Esdras Medina Gonzáles, en dicha casa superior de estudios. A cambio de este favor, dicho parlamentario habría contratado en su despacho congresal y/o en la Comisión de Educación del Congreso de la República, que presidía, a la hija de la rectora Yesmi Ortega.

Una medida que podría cambiar el panorama política

Mediante una resolución emitida el último 10 de diciembre, el juez supremo provisional, Saúl Peña Farfán, determinó la medida solicitada resulta idónea necesaria y proporcional, pues permitirá a la Fiscalía obtener información de manera directa respecto de las llamadas telefónicas existentes entre las personas sujetas a la medida, e información complementaria a la misma, lo que permitirá a su vez, ahondar en la búsqueda de pruebas necesarias para obtener datos objetivos relacionados a la forma y circunstancias de los supuestos hechos delictivos investigados, así como lograr el esclarecimiento de los mismos que desarrolla la Fiscalía de la Nación.

En la audiencia reservada convocada por el magistrado como acto previo para emitir su decisión, la defensa legal del congresista Esdras Medina, se opuso al requerimiento de la fiscalía al igual que lo hizo el abogado de la afectada Yesmi Ortega. En cuanto al pronunciamiento de Arcelia Rojas, su abogado manifestó que carece de objeto el pedido respecto a ella porque autorizó voluntariamente el levantamiento del secreto de sus comunicaciones del teléfono asignado por la Universidad Nacional del Callao.