Por Arquímedes Mayta

El Pleno del Congreso de la República aprobó hoy, en segunda y definitiva votación, el dictamen que establece que los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) involucrados en el uso de la fuerza sean procesados y juzgados de manera exclusiva dentro del Fuero Militar Policial. Con este paso, el Parlamento consolida una de las reformas normativas más debatidas en materia penal e institucional, enviando la autógrafa directamente al Poder Ejecutivo para su eventual observación o promulgación.

La sesión, marcada por un intenso debate de último minuto, ratificó con 52 votos a favor  43 en contra y cinco abstenciones el respaldo hacia las fuerzas del orden, cerrando la posibilidad de reconsideración de la norma planteada por legisladores de oposición como Ruth Luque. De hecho, la legisladora, minutos después de la votación acusó al titular del Congreso Fernando Rospigliosi de haber intentado sabotear recursos donde se solicitaba volver a revisar el polémico dictamen.  

Ampliación del delito de función" y exclusión del Poder Judicial

El núcleo de la ley aprobada radica en la modificación y ampliación del concepto legal del delito de función. Según el texto validado por la representación nacional, cualquier hecho o contingencia penal que ocurra en el marco del cumplimiento del deber por parte de policías y militares será tipificado bajo esta categoría. Como consecuencia directa, la competencia jurídica para investigar, procesar y emitir sentencias será retirada de la jurisdicción de la Fiscalía de la Nación y del Poder Judicial civil.

Los impulsores de la iniciativa, entre los que destacan diversos legisladores del bloque mayoritario, argumentaron que los miembros de las fuerzas del orden sufren de persecución judicial politizada e injusta cuando hacen uso de sus armas reglamentarias para combatir la criminalidad o restablecer el orden interno. Para este sector, el Fuero Militar Policial cuenta con la especialización técnica indispensable para evaluar las acciones operativas sin sesgos de carácter civil. Incluso, el texto aprobado estipula de forma inmediata el cese de medidas coercitivas vigentes aplicadas bajo las normativas previas.

Cuestionamientos de impunidad y el rol del Ejecutivo

Por otro lado, la aprobación de la ley ha encendido alarmas en sectores de la oposición parlamentaria y en diversos organismos de defensa de los derechos humanos. Los críticos y detractores de la medida sostienen que el traslado de estos casos a tribunales de índole militar genera un manto de blindaje o impunidad institucional. Señalan que graves violaciones a los derechos humanos o abusos cometidos durante protestas sociales podrían quedar fuera del alcance de una justicia ordinaria, transparente e independiente. En efecto, las fiscalías ordinarias ya no podrán procesar ni acusar a efectivos involucrados en casos como el de la matanza de Colcabamba, donde cinco jóvenes perecieron a causa a manos de una brigada del ejército.   

Tras esta ratificación parlamentaria, la pelota queda en la cancha de la Presidencia de la República. El Gobierno cuenta con un plazo constitucional de 15 días hábiles para analizar detalladamente la norma, decidir si la promulga para su entrada en vigencia en el diario oficial, o si, por el contrario, presenta observaciones técnicas debido a colisiones de competencias que puedan judicializarse más adelante en la Corte Suprema.