Jun
Por Arquímedes Mayta
El Congreso de la República oficializó hoy la segunda inhabilitación para ejercer cargos públicos en contra de la exmagistrada Delia Espinoza. La Resolución Legislativa 010-2025-2026-CR, publicada en el diario oficial, consolida una drástica sanción política de alto impacto en el escenario judicial y legislativo del país. Con este nuevo revés, se cierra un capítulo más en las tensas y prolongadas relaciones de confrontación entre un sector mayoritario del Parlamento y ex miembros clave del sistema de justicia, marcando un precedente en el equilibrio de poderes.
Esta segunda sanción política tiene su origen directo en las denuncias que la exmagistrada interpuso en su momento contra varios congresistas de la República. Espinoza cuestionó de forma pública y legal a los legisladores que promovieron, sustentaron y aprobaron una controvertida ley que les abría la puerta para percibir un doble ingreso económico por parte del Estado; específicamente, su sueldo correspondiente como parlamentarios en funciones sumado a sus pensiones previas como miembros en retiro de las Fuerzas Armadas.
La exmagistrada calificó esta iniciativa legislativa como un claro acto de auto favorecimiento y un beneficio propio normado a la medida de los intereses de los propios autores. Esta postura fiscalizadora desató una inmediata y contundente respuesta en el fuero político del Poder Legislativo, donde se iniciaron de forma célere las coordinaciones para acusarla constitucionalmente bajo el argumento de que sus declaraciones y acciones legales vulneraban la constitución y las prerrogativas de los representantes de la nación.
Entre los principales promotores de la sanción, y quienes figuraban en las denuncias iniciales por la ley del doble ingreso, se encuentran los legisladores Jorge Montoya, José Cueto, Roberto Chiabra, Alfredo Azurín y José Williams Zapata. Este bloque parlamentario, integrado en gran medida por exmiembros de las fuerzas del orden, lideró la argumentación en las comisiones de trabajo. Sostuvieron que la denuncia formulada por Espinoza excedía flagrantemente sus facultades constitucionales y constituía una infracción que merecía el apartamiento definitivo del aparato estatal.
Finalmente, la votación en el Pleno del Congreso ratificó la postura de este grupo, logrando los votos necesarios para oficializar el castigo. Con la publicación formal de esta resolución, Delia Espinoza queda totalmente impedida de postular, acceder u ocupar cualquier tipo de puesto o función dentro de la administración pública del Estado. Diversos analistas señalan que este desenlace no sólo redefine la carrera de la exmagistrada, sino que además envía un fuerte mensaje de represalia contra los magistrados que se atrevan a investigar a los parlamentarios.
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