Por Arquímedes Mayta

Una tormenta institucional sacude las oficinas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El órgano electoral dispuso retirar de su cargo al secretario general de la institución, Elar Bolaños Llanos, la máxima autoridad jerárquica administrativa después del jefe del organismo, Bernardo Pachas. La salida del funcionario se formalizó mediante una resolución que dejó sin efecto su designación; un mecanismo legal que eludió deliberadamente la aceptación de la carta de renuncia que el propio Bolaños había presentado horas antes.

Según trascendió, el ahora exsecretario general decidió dar un paso al costado tras alertar internamente sobre presuntas irregularidades vinculadas a una presunta manipulación no autorizada de los equipos informáticos asignados a su despacho. Sin embargo, la respuesta del organismo electoral no fue la de procesar su salida voluntaria, sino la de cortar el vínculo de confianza de manera inmediata, abriendo un complejo escenario de sospechas y de control de daños institucionales.

La ONPE no aceptó su renuncia y optó por destituirlo

La decisión de la jefatura de la ONPE de dejar sin efecto la designación en lugar de aceptar la renuncia tiene una lectura jurídica y política contundente. Al emplear esta figura, la institución le quita el control de la narrativa de salida al funcionario y establece de forma oficial una pérdida absoluta de la confianza técnica..

Fuentes del organismo electoral señalaron que la entrega de la carta de renuncia por parte de Bolaños dinamitó los puentes de diálogo en la alta dirección. Al verse expuestas las tensiones sobre la seguridad de los soportes tecnológicos de la secretaría general, la respuesta administrativa fue la remoción automática, lo que ha encendido las alarmas en los sectores que fiscalizan la transparencia de los procesos del sistema electoral.

Investigación preliminar y el lacrado de las evidencias

Ante la gravedad de las afirmaciones que propiciaron la salida de Bolaños Llanos, la ONPE informó que la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos ha iniciado una investigación preliminar de oficio. El ente electoral ha requerido formalmente al exfuncionario que precise y fundamente los hechos señalados en su misiva de salida, argumentando que la documentación inicial carecía de los medios probatorios o evidencias específicas que sustentaran la supuesta vulneración de sus herramientas de trabajo.

Como medida de seguridad para garantizar la transparencia del proceso indagatorio, la institución ha dispuesto el aislamiento y lacrado inmediato en cajas selladas de todos los equipos informáticos e informacionales que utilizaba el ex secretario general. Con este blindaje técnico, se busca evitar cualquier alteración posterior de los sistemas mientras se determina si existió un acceso irregular a la información de la secretaría o si el incidente responde a una pugna de poder interna en un momento altamente delicado para la legitimidad del sistema electoral peruano.