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Por Arquímedes Mayta
Un reportaje de Cuarto Poder ha puesto en el centro del debate político a la diputada de Juntos por el Perú, Catherin Palomino, tras difundir conversaciones de WhatsApp en las que, presuntamente, la parlamentaria insulta, amenaza y exige una indemnización de 300 mil soles a familiares del expresidente Pedro Castillo. El caso, que se remonta a mayo y junio de 2026, ha derivado en una guerra de versiones: mientras los denunciantes aseguran que los mensajes son auténticos y reflejan una disputa interna en el entorno del exmandatario, Palomino niega rotundamente ser la autora de los textos y anuncia acciones legales contra quienes difunden lo que califica como “infundios”.
Según la investigación periodística, los mensajes atribuidos a Catherin Palomino contienen expresiones ofensivas dirigidas a una familiar directa de Pedro Castillo, a quien la diputada habría llamado “vulgar”, “fea”, “cochina” e “ignorante”, además de cuestionar la crianza de sus hijos. En los mismos chats, la parlamentaria se jactaría de mantener una relación sentimental con el expresidente afirmación que luego desmintió y advertiría que cualquier intento de cuestionarla tendría consecuencias judiciales.
La controversia escaló cuando Jaime Vásquez Castillo, sobrino del exmandatario y coordinador de la Coordinadora por la Libertad de Pedro Castillo, recibió cartas notariales y una querella promovidas por Palomino. En esos documentos, la diputada le reclama S/300 mil por conceptos de lucro cesante y daños, tras haber sido criticada públicamente por Vásquez durante la campaña electoral. Para el denunciante, esta exigencia económica no busca reparar ningún daño real, sino silenciar las críticas internas y desviar la atención de la opinión pública.
Frente a las revelaciones, Catherin Palomino respondió mediante su cuenta en la red social X (antes Twitter) y negó ser la autora de los chats difundidos. La legisladora afirmó que resulta falso atribuirle esos mensajes y rechazó cualquier vínculo con las conversaciones expuestas por Cuarto Poder. Además, anunció que acudirá a las instancias legales correspondientes para hacer valer sus derechos y defender su honor frente a lo que describió como “miserables infundios y ataques”.
En declaraciones posteriores, Palomino descartó cualquier relación sentimental con Pedro Castillo y sostuvo que su vínculo con el expresidente es exclusivamente político y partidario, en su condición de líder de su organización y exabogada del exmandatario. Asimismo, aseguró mantener una relación cordial con la cuñada de Castillo, la diputada Yennifer Paredes, y negó haber exigido los 300 mil soles mediante amenazas e insultos.
El caso no ha pasado desapercibido en el Congreso. El diputado Jair Manrique, de Ahora Nación, consideró que las acusaciones contra Palomino deben ser investigadas por la Comisión de Ética Parlamentaria, dado que los hechos atribuidos a la legisladora podrían configurar una violación a la ética parlamentaria. Manrique señaló que Palomino debería dar explicaciones no solo a la opinión pública, sino también a su propio partido, Juntos por el Perú, tras ser acusada de amedrentar a familiares del expresidente mediante insultos, amenazas y acciones legales.
Por su parte, el expresidente Pedro Castillo, desde el penal de Barbadillo, respondió a los chats que lo vinculan sentimentalmente con Palomino y afirmó que estos buscan “manchar su honor”. En un comunicado, Castillo desmintió cualquier relación sentimental con la diputada y señaló que los mensajes difundidos forman parte de una estrategia para debilitar su liderazgo y el de su organización política.
En resumen, el escándalo deja dos versiones enfrentadas: por un lado, los denunciantes sostienen que los mensajes y las acciones legales forman parte de una disputa con el entorno de Pedro Castillo; por otro, la diputada niega la autoría de las conversaciones y cuestiona públicamente las acusaciones, anunciando que no permitirá que estos señalamientos distraigan su trabajo parlamentario. Mientras tanto, el caso sigue en desarrollo y podría tener nuevas repercusiones en el ámbito político, legal y ético en las próximas semanas.
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