Por Arquímedes Mayta

La Fiscalía ordenó de manera oficial el inicio de una investigación preliminar contra Rafael López
Aliaga actual candidato a la alcaldía de Lima, debido a la emisión de expresiones de carácter
amenazante e intimidatorio en agravio de los máximos representantes del sistema electoral peruano.
La medida fiscal establece un plazo riguroso de 60 días de diligencias para determinar la existencia de
responsabilidades penales.

El proceso se abre tras denuncia de un ciudadano

La resolución fue emitida formalmente por el despacho de la magistrada Irma Díaz Livaque, fiscal
provincial titular de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús
María. Esta acción legal responde de manera directa a la denuncia formal interpuesta por un
ciudadano. De acuerdo con el documento de la disposición, los hechos bajo investigación se
suscitaron en dos fechas específicas del pasado mes de abril, en un contexto de alta crispación social
posterior a los debates presidenciales del proceso electoral.

Discursos intimidatorios y llamados a la violencia

La hipótesis que maneja la Fiscalía detalla que la primera conducta irregular ocurrió presuntamente el
1 de abril. En aquella oportunidad, tras culminar su participación en un debate, el exalcalde de Lima
lanzó duros cuestionamientos con un presunto contenido intimidatorio dirigidos de forma directa
hacia el entonces jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto. La
Fiscalía busca esclarecer si estas palabras buscaron coaccionar la autonomía del organismo encargado
de procesar las actas electorales.
El segundo hecho bajo indagación se registró el 12 de abril, fecha en la que López Aliaga habría
desconocido de forma abierta la legitimidad de las elecciones generales. Según la denuncia acogida
por el Ministerio Público, el investigado atribuyó supuestas irregularidades al proceso electoral y
procedió a convocar masivas movilizaciones ciudadanas frente a la sede principal del Jurado Nacional
de Elecciones (JNE). Durante este mitin público, el líder político profirió discursos hostiles destinados
a exigir determinadas actuaciones a los altos funcionarios del tribunal electoral.

Los argumentos de la fiscalía

Ante la gravedad de las afirmaciones vertidas, el Ministerio Público considera las pesquisas bajo dos
delitos específicos del Código Penal. El primero de ellos es el delito contra la libertad personal en la
modalidad de coacción. Esta figura legal sanciona con severidad a todo aquel que, valiéndose de la
violencia o la amenaza, limite la libre determinación de una persona para obligarla a cometer un acto
u omitir sus atribuciones constitucionales. En este caso, se sospecha que los discursos públicos del
denunciado buscaron presionar e intimidar a las autoridades electorales. El segundo cargo imputado
preliminarmente corresponde al delito contra la voluntad popular bajo la modalidad de perturbación o
impedimento de proceso electoral.
Para consolidar este extremo de la investigación, el despacho fiscal ha programado una serie de
diligencias de carácter obligatorio para los próximos días. Entre ellas se contempla la toma de la
declaración testimonial del actual presidente del JNE, Roberto Burneo, quien deberá certificar
formalmente si las expresiones públicas de López Aliaga generaron una afectación real, un
condicionamiento o un entorpecimiento en el libre ejercicio de sus funciones institucionales. Además
se dispuso emitir oficios de urgencia a las estaciones televisivas Canal N y Willax Televisión. Estos
medios de comunicación masiva deberán remitir copias certificadas y registros audiovisuales íntegros
de las entrevistas y declaraciones formuladas por el líder celeste durante las fechas indicadas. Con
esto se busca realizar un cotejo técnico y fonético que descarte cualquier tipo de edición en el material
difundido.
Finalmente, se dio a conocer que, peritos especializados en delitos informáticos del Ministerio Público
procederán con el rastreo analítico de las plataformas digitales oficiales de la agrupación partidaria y
del propio imputado. La orden abarca la recopilación exhaustiva de publicaciones, tuits, comunicados
institucionales y convocatorias emitidas de manera virtual entre el 1 y el 15 de abril de 2026. El
resultado de estas pericias.