Jul
Por Arquímedes Mayta
Familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos y representantes de diversos colectivos de deudos informaron que no sostendrán una reunión con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. La decisión, comunicada por voceros de las organizaciones, responde a su postura de mantener una posición firme en defensa de la memoria de las víctimas y de continuar exigiendo verdad, justicia y reparación por los hechos ocurridos durante la década de 1990.
Según manifestaron los representantes de los colectivos, la determinación fue adoptada tras una evaluación interna y luego de reiterar que sus demandas se encuentran dirigidas a preservar la memoria histórica y garantizar que las violaciones a los derechos humanos no vuelvan a repetirse. En consecuencia, señalaron que no consideran pertinente participar en un encuentro con la excandidata presidencial.
Asimismo, indicaron que su decisión no busca generar confrontación política, sino mantener coherencia con los principios que han defendido durante varios años en representación de las familias afectadas.
De acuerdo con los voceros de las organizaciones de deudos, la principal razón para rechazar un eventual encuentro radica en que consideran que aún existen asuntos pendientes relacionados con el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas y el cumplimiento de medidas de reparación.
Además, señalaron que sus esfuerzos continúan centrados en promover actividades de memoria, participar en procesos judiciales cuando corresponda y acompañar a las familias que aún buscan justicia por los hechos registrados durante el gobierno de Alberto Fujimori.
En ese sentido, afirmaron que un diálogo con Keiko Fujimori no modificaría las demandas que han sostenido durante años. Por el contrario, remarcaron que seguirán participando en espacios públicos donde puedan expresar sus reclamos y contribuir al debate sobre la importancia del respeto a los derechos humanos.
Igualmente, los representantes precisaron que su decisión fue comunicada de manera colectiva y que responde a los acuerdos alcanzados por las organizaciones participantes.
Otro de los motivos se debe a la promulgación de la ley n.º 32735, la cual excluye a policías y militares de la justicia ordinaria en casos de delitos de función.
"El gobierno pide reconciliación, pero a la vez con esta ley envía la investigación por la muerte de nuestros seres queridos al fuero militar policial, donde dormirá el sueño de los justos y donde además habrá impunidad. Me duele saber que estos, para protegerse, sacan su propia ley. Eso no es democracia. Eso es dictadura. Eso es violación de los derechos humanos. No tendremos ningún diálogo. Nos queda nuevamente salir a las calles", aseguró Mariela Cayo, quien perdió a su esposo Manuel Quilla después de ser torturado por la policía en Lima en el 2023.
Los familiares de las víctimas recordaron que, desde hace varios años, impulsan acciones orientadas a mantener viva la memoria de quienes fallecieron o resultaron afectados durante episodios de violencia y violaciones a los derechos humanos.
Por ello, sostuvieron que continúan solicitando el fortalecimiento de las políticas de reparación integral, la preservación de los lugares de memoria y el cumplimiento de las resoluciones emitidas por las autoridades judiciales competentes.
Del mismo modo, insistieron en que las futuras generaciones deben conocer los acontecimientos ocurridos durante ese periodo para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse. Según indicaron, la educación y la memoria histórica constituyen herramientas fundamentales para fortalecer la democracia y el respeto por los derechos fundamentales.
La decisión de los colectivos se produce en un escenario donde el legado del fujimorismo continúa generando opiniones diversas dentro de la sociedad peruana. Mientras algunos sectores destacan las medidas económicas implementadas durante el gobierno de Alberto Fujimori y la estrategia aplicada contra los grupos terroristas, otros recuerdan las sentencias judiciales relacionadas con violaciones a los derechos humanos y casos de corrupción.
Precisamente, esos antecedentes han mantenido abierto un amplio debate político y social que continúa vigente varias décadas después de los hechos.
En consecuencia, las posiciones de las organizaciones de deudos y de distintos actores políticos suelen reflejar perspectivas diferentes sobre el periodo comprendido entre 1990 y 2000.
Diversos colectivos de derechos humanos expresaron que la decisión de no reunirse con Keiko Fujimori forma parte del ejercicio de la libertad de asociación y de expresión. Sin embargo, también hicieron un llamado para que el debate público se desarrolle con respeto hacia todas las posiciones, evitando actos de violencia o discursos que promuevan la confrontación.
Asimismo, señalaron que la democracia requiere espacios donde las diferencias puedan expresarse de manera pacífica y dentro del marco legal.
Por otra parte, especialistas en derechos humanos consideran que las demandas de las víctimas constituyen un componente importante en los procesos de reconciliación nacional, siempre que estas sean atendidas mediante mecanismos institucionales y respetando el Estado de derecho.
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