El caso involucra un supuesto pedido de soborno a un empresario y la incorporación posterior de la firma de un abogado en una carpeta de colaboración eficaz. La ANC suspendió al fiscal por seis meses.

Por: Alanis Araujo

El fiscal Germán Juárez Atoche, quien integró el equipo especial Lava Jato, afronta investigaciones por un presunto pedido de US$1 millón y por la incorporación de la firma de un abogado en una carpeta fiscal vinculada al empresario Gustavo Salazar Delgado, según una investigación de Perú21. El caso también derivó en una medida de suspensión de seis meses impuesta por la Autoridad Nacional de Control (ANC).

La investigación tiene como uno de sus principales elementos la declaración de Salazar, realizada el pasado 30 de septiembre en el consulado peruano en Miami, donde habría aportado información sobre el supuesto pedido de dinero. Su abogado, Fernando Silva, confirmó que existió un pedido de dinero y señaló que están colaborando con la Fiscalía.

El supuesto pedido de US$1 millón

Los hechos se remontan a junio de 2019, cuando Salazar se encontraba en Miami y buscaba acogerse a un proceso de colaboración eficaz. De acuerdo con la investigación periodística, el abogado José Luis Pinares Román se reunió con Salazar y le habría ofrecido contactos dentro del Ministerio Público para facilitar su situación judicial.

Según las fuentes citadas por Perú21, Pinares habría escrito en una servilleta la cifra de US$1 millón como monto solicitado. Salazar rechazó el ofrecimiento. Posteriormente, ambos se habrían reunido nuevamente en Miami, donde el pedido habría sido reiterado.

Ese mismo día, Salazar tenía programada una reunión en el consulado con Juárez, la fiscal Mayra Melgar y el entonces coordinador del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela. Pinares apareció durante la diligencia pese a que, según Salazar, su abogado acreditado era Antonio Padilla.

La firma incorporada en la carpeta

El segundo eje de la investigación está relacionado con la firma de Pinares. Según la fiscal Mayra Melgar, cuando Juárez devolvió en junio de este año la carpeta de colaboración eficaz de Salazar, apareció en su primera página una firma y sello de Pinares que no figuraban en el documento original.

Los investigadores manejan como hipótesis que la incorporación de esa rúbrica podría presentar a Pinares como abogado de Salazar durante aquella diligencia de 2019 y modificar la interpretación sobre su presencia en el consulado. Por este hecho, Juárez afronta una investigación en la Fiscalía Suprema y otra en la Junta Nacional de Justicia.

En total, el fiscal afronta tres investigaciones: una en la Fiscalía Anticorrupción por el presunto pedido de soborno, otra en la Fiscalía Suprema relacionada con la firma y una tercera ante la Junta Nacional de Justicia por la presunta adulteración del documento. Además, la ANC dispuso su suspensión por seis meses.

Juárez niega haber pedido dinero

Juárez rechazó las acusaciones y sostuvo que nunca pidió dinero a Salazar. Según declaró a Perú21, el empresario lo denunció por revelación indebida de identidad y no por haberle solicitado un pago.

Respecto de la firma, el fiscal reconoció que fue incorporada por Pinares, pero aseguró que la regularización ocurrió en noviembre de 2025 y no en junio de 2026. También afirmó que fue él quien pidió al abogado que regularizara la firma para evitar problemas posteriores.

El abogado José Domingo Pérez, quien actualmente ejerce la defensa de Juárez, sostuvo una versión coincidente en que Pinares acudió a la Fiscalía para regularizar su firma en el documento. Las investigaciones fiscales y disciplinarias deberán determinar las responsabilidades que correspondan.