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La propuesta busca reemplazar el límite de un año para suspender la prescripción de delitos por un plazo proporcional a la gravedad de cada caso. El texto deberá ser evaluado por el Senado.
Por Alanis Araujo
La Cámara de Diputados aprobó derogar la denominada Ley Soto, norma que establecía un plazo máximo de un año para la suspensión de la prescripción de la acción penal. La decisión se tomó durante la sesión plenaria del martes 10 de noviembre, con 77 votos a favor, ninguno en contra y 25 abstenciones.
La iniciativa plantea modificar las reglas que determinan cuánto tiempo puede permanecer suspendido el plazo de prescripción de un delito mientras se resuelven determinados procedimientos judiciales. Con esta propuesta, se busca establecer un límite proporcional y evitar que investigaciones complejas queden sin efecto por el vencimiento de un plazo uniforme.
La Ley 32104, conocida como Ley Soto, precisó que la suspensión de la prescripción de la acción penal no podía superar un año. Esta disposición fue cuestionada porque podía beneficiar a personas investigadas por delitos graves, especialmente cuando los procesos requerían diligencias prolongadas.
La norma generó controversia debido a que establecía el mismo límite temporal para diferentes tipos de delitos, sin considerar necesariamente la complejidad de cada investigación.
El debate también estuvo relacionado con las investigaciones contra organizaciones criminales, casos de corrupción y otros procedimientos que pueden requerir mayor tiempo para reunir pruebas y determinar responsabilidades.
El texto aprobado propone modificar el artículo 84 del Código Penal y el numeral 1 del artículo 339 del Código Procesal Penal.
La nueva fórmula establece que la suspensión de la prescripción no podrá superar un periodo equivalente al plazo ordinario de prescripción del delito más la mitad de ese tiempo. De esta manera, el límite dependerá de cada caso y no será el mismo para todas las investigaciones.
La propuesta busca mantener un equilibrio entre el derecho de los investigados a ser procesados dentro de un plazo razonable y la necesidad de que el sistema de justicia pueda desarrollar investigaciones complejas.
Pese a la aprobación en la Cámara de Diputados, la derogación todavía no se convierte en ley. El texto sustitutorio deberá ser revisado y debatido por el Senado antes de completar el procedimiento legislativo.
La votación registró 25 abstenciones, correspondientes a legisladores de Fuerza Popular, mientras que las bancadas de Juntos por el Perú, Buen Gobierno, Ahora Nación y Obras respaldaron la iniciativa.
El resultado representa un nuevo capítulo en la controversia sobre los efectos de la Ley Soto y sus consecuencias en la lucha contra la criminalidad y la corrupción en el país.
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