¡Insólito! Dina Boluarte abarcaría como cinco denuncias constitucionales luego de esta última presentada por la Fiscalía; el caso ‘Cirugías’, sería por omisión de funciones como presidente de la República.

Por Liangshan Josué Huamán Barahona

La mandataria de la Nación Dina Boluarte, enfrenta una nueva denuncia constitucional, la quinta en menos de una semana, presentada por la Fiscalía de la Nación. En esta ocasión, el Ministerio Público la acusa de abandono de cargo y omisión de funciones por no haber informado al Congreso de la República sobre su inhabilitación temporal entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023, periodo en el que se habría sometido a cirugías estéticas.

Dina Boluarte no avisó al Congreso sobre su ausencia quirúrgica, según la Fiscalía

Según el comunicado del Ministerio Público, encabezado actualmente por la fiscal suprema Delia Espinoza, Boluarte se habría ausentado del ejercicio de sus funciones presidenciales sin dar aviso formal al Parlamento, como exige la Constitución, luego de haberse sometido a una serie de intervenciones quirúrgicas.

Asimismo, el Mario Cabani, quien realizó los procedimientos, confirmó que estos fueron de carácter estético.
Durante los días en los que la presidenta habría estado inhabilitada, se firmaron varios decretos supremos desde Palacio de Gobierno, lo que ha generado cuestionamientos sobre la legalidad de dichas disposiciones en ausencia de la mandataria.

Las denuncias contra Dina Boluarte desde que fue ministra del (Midis)

Entre las acusaciones previas se encuentran las relacionadas al caso Rolex, por presunto enriquecimiento ilícito, el caso Cofre por supuesto encubrimiento al prófugo Vladimir Cerrón, además de las muertes durante las protestas sociales de 2022 y 2023, y un presunto favorecimiento irregular en contrataciones públicas durante su gestión como ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) en el gobierno de Pedro Castillo.

Dina Boluarte y su protagonismo con la red de corrupción ‘Qali Warma’

En esta última, se investiga la adjudicación de contratos por más de 50 mil soles a un empresario cercano a su entorno familiar. Según la Fiscalía, se habría beneficiado a Víctor Torres, amigo de su hermano Nicanor Boluarte, mediante una supuesta red de influencias en programas sociales como Qali Warma.

Asimismo, la presidenta es señalada como presunta responsable política de las muertes registradas durante las manifestaciones contra su gobierno. El Ministerio Público la acusa, bajo la figura de omisión impropia, de no prevenir el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, lo que resultó en decenas de víctimas mortales en distintas regiones del país.

Con este nuevo caso, la situación de Boluarte se complica aún más en medio de una crisis política y judicial que continúa escalando, y que pone en jaque la estabilidad de su mandato.