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Por Katia Velasquez
La Cuarta Fiscalía de Familia de Lima investiga si funcionarios de la Casa de los Petisos actuaron oportunamente ante denuncias de actos de connotación sexual entre menores y cumplieron los protocolos de protección.
La investigación se inició tras una intervención del programa Warmi Ñan del Ministerio de la Mujer, realizada el 1 de agosto de 2025 luego de una alerta anónima sobre presuntos actos de connotación sexual cometidos por un adolescente contra dos menores de 10 y 12 años. Personal del programa acudió al albergue y entrevistó a los involucrados.
Sin embargo, un ex trabajador del establecimiento, el fisioterapeuta Ariel Arévalo, declaró que había advertido sobre los hechos antes de esa visita. Según su testimonio, un menor le contó sobre los presuntos tocamientos y él comunicó la situación a sus superiores, entre ellos Anderson Alfaro Espichán, entonces jefe del Área de Centros de Atención Integral.
El 4 de agosto, un psicólogo del albergue reportó que la versión sobre los presuntos tocamientos había sido confirmada. Días después, el Ministerio Público realizó una visita inopinada al establecimiento y abrió las diligencias para determinar si se actuó conforme a los protocolos de protección infantil.
La pesquisa también alcanza la actuación de trabajadores que conocían los hechos. El entonces tutor Adolfo Fuentes Bernal reconoció ante la fiscal Lourdes Morales que sabía de la denuncia anónima y del informe elaborado por el área de Psicología. No obstante, sostuvo que los hechos no ocurrieron durante su turno.
Durante ese periodo, la Casa de los Petisos dependía de la Subgerencia de Bienestar y Promoción Social, a cargo de Rosa Torrejón Aragón, y de la Gerencia de Desarrollo Humano, dirigida por Isabel Ayala Melgarejo. Ambas funcionarias continúan en sus cargos y actualmente postulan por Renovación Popular a las alcaldías del Rímac y Lurín, respectivamente.
Fuentes, por su parte, continúa trabajando como cuidador de menores y también ha participado como animador en actividades de campaña de Rafael López Aliaga.
Mientras continuaban las diligencias por el primer caso, el 10 de junio de 2026 el entonces administrador Bernardo Vásquez Chicoma acudió a la comisaría de Monserrate con un menor de 14 años, quien denunció presuntos actos de connotación sexual por parte de otro adolescente de 13 años. Según el documento policial, Vásquez formalizó la denuncia días después de conocer la acusación, un retraso que también es evaluado por las autoridades.
En marzo de 2026, el Decimocuarto Juzgado de Familia había abierto un expediente contra Vásquez Chicoma por una presunta contravención que afectaría los derechos de tres menores del albergue.
Raúl Fernández Olivares, jefe de la Oficina General de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Lima, aseguró que la comuna brindará facilidades al Ministerio Público y descartó que exista un intento de encubrir a funcionarios o trabajadores.
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