Por Arquímedes Mayta

El escenario político nacional vuelve a estremecerse tras conocerse un requerimiento judicial de alta
envergadura contra un alto funcionario legislativo. El Ministerio Público formalizó de manera oficial
un pedido de nueve años y cuatro meses de pena privativa de la libertad contra el actual diputado de la
República, Harvey Colchado. El requerimiento fiscal, fundamentado en presuntos delitos contra la
administración pública y la fe pública, ha desatado una confrontación inmediata entre el sistema de
justicia y el bloque opositor en el Congreso.

El exmiembro policial enfrenta acusaciones de negociación incompatible y falsedad ideológica. Los
hechos imputados se remontan al año 2021, periodo en el cual el hoy parlamentario se desempeñaba
en las filas de las fuerzas del orden. La acusación ha escalado rápidamente en el debate público debido
a la alta investidura de Colchado, quien recientemente asumió funciones como segundo vicepresidente
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y posee un rol activo dentro de la Comisión de Ética
Parlamentaria.

Los fundamentos de la acusación fiscal

La tesis del Ministerio Público sostiene que el entonces oficial de la Policía Nacional consignó
información falsa en un instrumento público de carácter legal. La acusación se centra en un poder
especial otorgado ante una notaría el 30 de abril de 2021, donde el investigado facultó a una tercera
persona para gestionar una propiedad en Comas. De acuerdo con las indagaciones, la irregularidad se
configuró cuando el legislador declaró bajo juramento ser trabajador independiente, ocultando su
condición activa como coronel de la Policía Nacional del Perú, lo que sostiene el caso por falsedad
ideológica.
Desde Ahora Nación consideraban que es una persecución política
Ante el pedido de cárcel, el diputado Harvey Colchado rechazó categóricamente los cargos. Mediante
un comunicado, afirmó que el requerimiento carece de sustento jurídico adecuado. En paralelo, la
agrupación política Ahora Nación respaldó al parlamentario y denunció que la Fiscalía está siendo
utilizada políticamente para "amedrentar a la oposición". Según la agrupación, la denuncia penal
busca desprestigiar y bloquear la labor fiscalizadora de Colchado, especialmente en sus nuevas
funciones en la mesa directiva y el comité ético del Parlamento.

Un posible juicio político en el Congreso

Con la acusación formalizada, el caso pasa a un terreno procedimental dentro de la Cámara de
Diputados. Si el Poder Judicial ordena un juicio oral, el Congreso deberá evaluar un eventual proceso
de levantamiento de la inmunidad, prerrogativa que les asiste a los altos funcionarios según el artículo
99 de la Constitución. La continuidad del caso dependerá del voto en el pleno, que decidirá si
Colchado afronta el juicio como ciudadano común o si prevalece la defensa del bloque opositor, el
cual buscaría proteger la independencia legislativa frente a presuntas presiones judiciales.