Por Arquímedes Mayta

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que un selecto grupo de seis agrupaciones que alcanzaron representación oficial en el Congreso de la República recibirá un histórico financiamiento público directo que superará los S/ 222 millones para el periodo comprendido entre julio de 2026 y julio de 2031. Esta millonaria inyección presupuestaria otorgada por el Estado casi triplica los montos asignados en el ciclo parlamentario previo, encendiendo de inmediato las alarmas de la opinión pública respecto al uso y la fiscalización de los recursos de todos los peruanos.

La confirmación de esta asignación fue detallada por la Subgerencia de Verificación y Control de la ONPE. El organismo técnico precisó que el monto total a distribuir asciende exactamente más de S/ 222 millones. Este incremento exponencial se fundamenta directamente en las últimas reformas normativas electorales que restablecieron el parlamento de dos cámaras (Cámara de Diputados y Cámara de Senadores). Al haberse modificado el sistema, la base de cálculo legal para el financiamiento ya no se rige por una sola lista de votación, sino que obliga al Estado a computar y sumar de forma conjunta los votos válidos obtenidos por cada partido tanto para la elección de senadores como para la de diputados.

El impacto de la bicameralidad y el cálculo de la distribución partidaria

De acuerdo con el marco legal que regula el financiamiento público directo, la bolsa total de dinero se calcula aplicando el equivalente al 0.1 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por cada voto válido emitido en los comicios generales de 2026. Debido al cambio estructural hacia el Congreso bicameral, la cantidad de votos computados se duplicó en la práctica al sumar las preferencias de ambas cámaras. Con esta fórmula, el presupuesto estatal asignado para subsidiar a los partidos políticos será de aproximadamente S/ 44 millones de manera anual a lo largo de los próximos cinco años.

La distribución de este botín presupuestario se realiza bajo criterios estrictamente proporcionales y equitativos fijados por la legislación electoral peruana. Del total del dinero anual disponible, un 40 % se reparte de forma totalmente igualitaria entre las seis bancadas que lograron superar la valla electoral, sin importar el tamaño de su representación. El 60 % restante se distribuye de manera proporcional, tomando en cuenta la cantidad exacta de votos que cada agrupación cosechó en las urnas. Bajo estas reglas de juego, las fuerzas políticas beneficiarias en este periodo son Fuerza Popular, Juntos por el Perú, el Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular, el Partido Cívico Obras y Ahora Nación.

Los límites legales y las sanciones de ONPE

Ante el enorme flujo de dinero que saldrá de las arcas públicas, las autoridades electorales han recordado enfáticamente que estos fondos no son de libre disponibilidad para las dirigencias partidarias. La ley establece de manera taxativa que el financiamiento público directo tiene fines exclusivos de fortalecimiento institucional y no puede ser usado para campañas electorales activas ni para el beneficio económico personal de los militantes. El presupuesto debe dividirse obligatoriamente en dos mitades con destinos sumamente específicos. Por un lado, las agrupaciones políticas pueden destinar hasta un máximo del 50 % de los fondos para gastos de funcionamiento ordinario. Esto incluye el pago de alquileres de locales partidarios a nivel nacional, servicios básicos, mantenimiento técnico y el pago de planillas del personal administrativo o de seguridad.

Por otro lado, la legislación exige que al menos el 50 % restante sea invertido en actividades de capacitación, formación e investigación. Con este dinero se deben financiar escuelas de formación de cuadros políticos, talleres para juventudes y estudios técnicos orientados a resolver los grandes problemas nacionales.La ONPE ha advertido que desplegará equipos permanentes de auditoría para verificar de forma trimestral cada comprobante de pago emitido por los partidos. Cualquier desvío de dinero, falta de rendición de cuentas o uso del presupuesto estatal en fines no regulados será sancionado de manera inmediata con multas administrativas severas que podrían superar las 100 UIT, además de la suspensión temporal del desembolso de las siguientes cuotas financieras del partido infractor.