Ene
Por Allison Roque
El 20 de enero de 2025, la Presidencia de la República emitió un comunicado condenando el atentado contra una sede del Ministerio Público en Trujillo. La respuesta incluye el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como parte de las acciones bajo el estado de emergencia declarado en la región.
El gobierno de Dina Boluarte expresó su enérgica condena frente al ataque ocurrido en Trujillo, atribuido a organizaciones criminales relacionadas con actividades ilícitas. Mediante un comunicado difundido en redes sociales, la mandataria aseguró que el Ejecutivo trabajará en conjunto con las autoridades locales para restablecer el orden en la región de La Libertad.
“Condenamos estas acciones violentas y reafirmamos nuestro compromiso de no ceder ante estos actos cobardes. Garantizaremos la seguridad de las familias y un futuro de justicia para todos los peruanos”, señaló el pronunciamiento oficial.
El congresista Diego Bazán criticó la eficacia de las medidas de seguridad, cuestionando que Trujillo, pese a estar bajo estado de emergencia por casi un año, siga enfrentando altos índices de violencia. Subrayó la necesidad de fortalecer el trabajo de inteligencia, capturar a líderes de organizaciones criminales y mejorar la capacidad operativa de las fuerzas del orden.
Por su parte, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, vinculó el atentado con la minería ilegal, destacando que esta actividad fomenta la criminalidad organizada en la región. Además, instó al Congreso a restituir la figura de detención preliminar en casos de no flagrancia, herramienta que considera clave para enfrentar este tipo de delitos.
Finalmente, Espinoza exhortó al Ministerio del Interior a reactivar la labor de inteligencia policial para prevenir hechos delictivos antes de que ocurran, destacando la importancia de una estrategia integral para garantizar la seguridad ciudadana.
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