Por Arquímedes Mayta

El proceso de selección para elegir al nuevo titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha entrado en un escenario de total incertidumbre, esto luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) declarara desierto el concurso público tras la salida de los dos únicos finalistas en carrera. Sin embargo, el ingeniero industrial Carlos Loyola Escajadillo, uno de los candidatos apartados, ha decidido dar batalla legal y presentó formalmente un recurso de reconsideración ante el Pleno de la JNJ con el objetivo de revertir su exclusión y evitar quedar definitivamente fuera del proceso.

¿Qué pasó en el concurso público de la JNJ?

La crisis en el concurso estalló cuando la JNJ dejó al organismo electoral sin posibilidades de designar a un jefe definitivo. Esto ocurrió debido a una doble estocada al proceso: por un lado, la renuncia voluntaria de la postulante Amparo Ortega por motivos estrictamente personales de salud; y, por el otro, la exclusión automática de Loyola por parte del organismo autónomo. Ante este panorama, el postulante excluido ha quebrado el silencio, argumentando que la decisión de la Junta vulnera su derecho fundamental al acceso a la función pública en condiciones de igualdad y meritocracia. En consecuencia, presentó un recurso de reconsideración para que su caso vuelva a ser sometido a evaluación.

Los descargos y argumentos de Loyola

La razón detrás de la exclusión de Carlos Loyola radica en que la JNJ detectó que el candidato omitió declarar dos procesos judiciales que actualmente se encuentran en trámite. Sin embargo, en el documento de reconsideración presentado, el ingeniero industrial asegura que no existió una actitud dolosa de su parte. Si bien admite que dichos casos no fueron consignados en la ficha de inscripción inicial, recalca que la información fue regularizada y presentada de manera voluntaria durante la fase posterior de actualización de datos, mucho antes de que se cerrara la etapa de evaluación.

Loyola detalló a la prensa que los dos procesos que afronta son estrictamente de naturaleza civil, por lo que no constituyen ningún impedimento legal para asumir la jefatura de la ONPE. El primer caso está vinculado al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), derivado de una investigación sobre su participación en actividades institucionales cuando se desempeñaba como funcionario. El segundo expediente corresponde a una demanda civil por el retraso en el pago de una obligación financiera con una cooperativa durante la crisis de la pandemia de la COVID-19, un caso del cual afirma no haber sido notificado debidamente hasta el año 2024.

Todo depende de la JNJ

Con el recurso de reconsideración ya en mesa, la pelota se encuentra ahora en la cancha de la Junta Nacional de Justicia. De acuerdo con el marco normativo de estos concursos de selección en su cuarta y última etapa (la de entrevista personal), la JNJ dispone de un plazo máximo de hasta 30 días hábiles para emitir un pronunciamiento definitivo sobre el pedido del postulante. No obstante, dada la relevancia institucional que implica tener la jefatura de la ONPE en el limbo, se anticipa que el Pleno actúe bajo un estricto principio de celeridad.

La defensa del candidato insiste en que aplicar una exclusión automática frente a un error que fue subsanado voluntariamente resulta una medida "desproporcionada, irrazonable y punitiva". Loyola ha solicitado formalmente una revisión exhaustiva de su expediente, subrayando que la propia resolución de la JNJ no señala una falta de idoneidad moral, sino un error administrativo de omisión. De la velocidad y el criterio con que la Junta resuelva este recurso dependerá si el concurso se reactiva con un candidato en carrera o si el sistema electoral peruano se ve forzado a iniciar un proceso de selección desde cero, prolongando el mandato interino de Bernardo Pachas en la ONPE.