Jun
Por Arquímedes Mayta
El superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Vicente Espinoza, denunció públicamente una grave "injerencia política" por parte del Ministerio de Educación (Minedu). En declaraciones para RPP, la autoridad universitaria alertó que desde el Ejecutivo se han emitido resoluciones orientadas a dar por concluida su designación de manera ilegal, lo que representa un atentado directo contra la institucionalidad y la autonomía del organismo regulador.
Según detalló Espinoza, las intenciones del Minedu de removerlo quiebran el marco normativo vigente, dado que su mandato en el Consejo Directivo está establecido por un periodo institucional que debe ser respetado para evitar la desestabilización de la reforma universitaria.
El Ministerio de Educación sostiene que la salida de Vicente Espinoza se ajusta a la norma debido a la naturaleza de su designación. El sector explica que Espinoza asumió la jefatura de la Sunedu en reemplazo de Andrés Ramos Salas, quien renunció al cargo en diciembre de 2025. Bajo esta premisa, la Oficina General de Asesoría Jurídica del Minedu concluyó que Espinoza no iniciaba un nuevo mandato, sino que debía limitarse a cumplir el tiempo restante de su antecesor.
Por su parte, el superintendente rechazó tajantemente la interpretación del ministerio y defendió la legalidad de su permanencia. Espinoza argumentó que el artículo 17 de la Ley Universitaria es claro y contundente al establecer que los miembros del Consejo Directivo asumen sus funciones por un período completo de tres años. Asimismo, el funcionario enfatizó que la legislación vigente en ningún momento contempla la figura de "ciclos complementarios" o mandatos recortados, por lo que dar por concluido su cargo antes de tiempo constituye una vulneración directa a la ley.
Frente a esta situación, el titular de la Sunedu confirmó que la institución ha decidido activar los mecanismos legales correspondientes para frenar la arremetida del ministerio. Para ello, presentaron una demanda de amparo ante el Poder Judicial, con el objetivo de dejar sin efecto las cuestionadas resoluciones gubernamentales.
"Se está vulnerando flagrantemente la autonomía de la Sunedu", argumentó Espinoza. El funcionario remarcó que cualquier intento de forzar su salida, mientras el proceso constitucional se encuentre en trámite, debe evaluarse con extrema cautela para no interferir con las facultades de los tribunales de justicia encargados de resolver el conflicto de competencias.
El superintendente también manifestó su profunda preocupación por los perfiles que se pretenden incorporar al Consejo Directivo en el marco de esta reestructuración forzada. Advirtió que, detrás de su salida, existirían intenciones de copar la Sunedu con designaciones que acarrean serios cuestionamientos éticos y antecedentes fiscales, lo que pondría en riesgo la transparencia y la calidad de la fiscalización de la educación superior en el país. Finalmente, Espinoza enfatizó que no dará un paso al costado bajo presiones que carezcan de sustento legal y reiteró que defenderá la autonomía técnica de la entidad frente a los intereses políticos del sector educativo.
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