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Por Arquímedes Mayta
El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha asestado un golpe definitivo a la permanencia de la magistratura de mayor antigüedad en el Ministerio Público. Mediante una resolución emitida con carácter de urgencia, el organismo autónomo dispuso el cese oficial y la cancelación definitiva del título de fiscal suprema titular de la doctora Zoraida Ávalos Rivera. La drástica medida se fundamenta de forma estricta en el cumplimiento del límite de edad biológica establecido en la ley orgánica para el ejercicio del cargo. Con este pronunciamiento, el colegiado deja sin efecto los intentos previos de la junta de fiscales supremos por prolongar su estadía institucional, forzando la salida inmediata e irrevocable de la magistrada de las esferas del aparato judicial de la República.
La resolución de la JNJ especifica que la separación funcional surte efectos de manera retroactiva al 14 de junio de 2026, fecha exacta en la cual Ávalos Rivera alcanzó los 70 años de edad. Al declararse la nulidad de su credencial de la magistratura, la plaza que ocupaba dentro de la Segunda Fiscalía Suprema Penal queda automáticamente declarada como vacante. El dictamen ordena remitir los actuados a la Dirección de Selección y Nombramiento de la JNJ para incorporar dicho puesto a los próximos concursos públicos de méritos, cerrando definitivamente el controvertido capítulo de su reposición institucional.
La determinación adoptada por el colegiado constitucional ha desmantelado una estrategia administrativa coordinada previamente desde el propio Ministerio Público. El pasado 8 de junio, el despacho interino de la Fiscalía de la Nación había emitido una disposición general que autorizaba de forma excepcional a la doctora Zoraida Ávalos a continuar en el libre ejercicio de sus funciones jurisdiccionales hasta el 31 de diciembre del presente año. La cúpula fiscal pretendía ampararse en las normativas generales aplicables a los servidores públicos bajo el régimen del Decreto Legislativo 276 para estirar el vínculo laboral de la magistrada.
Sin embargo, en su reciente fallo, la JNJ declaró improcedente y nulo en todos sus extremos lo resuelto por el Ministerio Público. El organismo supervisor aclaró de forma taxativa que las reglas comunes del empleo público no poseen ningún tipo de aplicabilidad ni prevalencia sobre el estatuto especial de la carrera fiscal. El tribunal institucional enfatizó que la carta magna y las leyes de la magistratura contemplan de manera expresa y restrictiva el cese por límite de edad al cumplir los 70 años, constituyendo un mandato imperativo que no puede ser alterado o prorrogado mediante resoluciones de menor jerarquía interna emitidas por la propia fiscalía.
El cese forzoso por factor biológico frena en seco la accidentada contraofensiva legal que Zoraida Ávalos venía sosteniendo en los fueros judiciales. Meses atrás, la exfiscal de la Nación había alcanzado una importante victoria en el plano jurisprudencial luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara en última instancia una sentencia de amparo a su favor. Dicho fallo supremo dejó sin efecto la polémica inhabilitación por cinco años que el anterior Congreso le había impuesto en el año 2023 por presunta infracción constitucional al haber suspendido inicialmente las investigaciones preliminares contra el expresidente Pedro Castillo Terrones.
Aquel triunfo en las salas de la Corte Suprema obligó al la Junta de Fiscales Supremos a oficializar su restitución formal en el Ministerio Público. Sin embargo, la tregua en el convulso tablero de la justicia nacional ha durado poco. Con la pérdida total de su título emitida por la JNJ, las protecciones y prerrogativas institucionales de la abogada quedan desactivadas, obligándola a pasar a la condición de jubilada en un contexto donde diversos sectores opositores aún demandan investigaciones complementarias sobre su papel en las crisis gubernamentales pasadas.
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