Por Arquímedes Mayta

El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó, por mayoría, la destitución definitiva del juez Juan Fidel Torres Tasso, titular del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, tras determinar su responsabilidad disciplinaria en cuatro cargos tres calificados como faltas muy graves y uno como grave vinculados a la tramitación de un amparo a favor de la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza. La sanción, de ejecución inmediata, conlleva la cancelación de su título oficial y el bloqueo para ejercer cualquier cargo en el Poder Judicial.

Votación, ponencia y marco del procedimiento

La decisión se adoptó en el marco del Procedimiento Disciplinario Ordinario N.º 16-2026-JNJ, iniciado tras una queja presentada en octubre de 2025 y formalizado mediante la Resolución 157-2026, que atribuyó al magistrado la comisión de tres faltas muy graves y una falta grave previstas en la Ley de la Carrera Judicial. El informe ponente estuvo a cargo del consejero Gino Ríos Patio, quien concluyó que los cuatro cargos quedaron acreditados y recomendó la destitución.infobae+3

La ponencia fue aprobada con los votos a favor de los consejeros Cayo Galindo, Rafael Ruiz, Germán Serkovic, Víctor Chanduví y el propio ponente Ríos Patio. El único voto por absolver al juez fue el de Jaime de la Puente. La presidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, no participó de la votación final porque actuó como instructora en la etapa preliminar y había propuesto la destitución en su informe.

Los cuatro cargos acreditados: relaciones extraprocesales, falta de reserva e injerencia

La JNJ declaró plenamente probados los cuatro cargos imputados. El primero acreditó que Torres Tasso estableció relaciones extraprocesales con la demandante Delia Espinoza y su equipo de defensa, al atenderla de forma directa y reiterada en su despacho, lo que vulneró la imparcialidad. El segundo cargo, calificado como falta grave, fue la falta de reserva del expediente: el contenido de la resolución cautelar favorable a Espinoza se difundió en redes sociales y medios antes de la notificación formal a las partes. Aunque el juez alegó que el sistema del Poder Judicial permite la consulta pública automática, la JNJ concluyó que omitió los resguardos necesarios para garantizar la confidencialidad propia de una tutela cautelar.

El núcleo de la sanción se relaciona con una indebida injerencia en las atribuciones constitucionales de la propia JNJ. Según la ponencia, el juez incurrió en una contradicción de criterios: inicialmente declaró improcedente el amparo de Espinoza advirtiendo que suspender resoluciones de la Junta afectaba facultades autónomas; luego, tras la anulación de ese fallo por falta de motivación, dio un vuelco y aceptó la medida cautelar que ordenaba la reincorporación de Espinoza y paralizaba procesos disciplinarios internos. Para el organismo, esa orden representó un blindaje anómalo y un exceso funcional.

Descargos del juez y respuesta de la JNJ

Durante sus descargos ante el Portal Institucional de la JNJ, Torres Tasso exigió la inhibición colectiva del pleno, argumentando que los consejeros actuaban como “juez y parte” al ser presuntos afectados por sus fallos, e invocó el precedente del Tribunal Constitucional en el caso Arsenio Oré Guardia sobre pérdida de imparcialidad. La JNJ desestimó esos argumentos, modificó estratégicamente su reglamento interno para bloquear la tacha y oficializó la destitución, una medida de ejecución inmediata incluso si el magistrado interpone un recurso de reconsideración.

Impacto en el equilibrio de las salas constitucionales

Con esta decisión, la JNJ cierra uno de los episodios de mayor tensión competencial del último año, en el que el Noveno Juzgado Constitucional había ordenado, en octubre de 2025, suspender el proceso disciplinario contra Delia Espinoza y disponer su reincorporación como fiscal de la Nación, medida que nunca se ejecutó y que derivó en una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. La destitución de Torres Tasso cambia radicalmente el balance de poder en las salas constitucionales de Lima y reafirma la postura del organismo autónomo frente a medidas cautelares que afecten sus procesos internos.