El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, salió a aclarar sus declaraciones sobre un eventual cierre del Congreso de la República, luego de que estas provocaran cuestionamientos desde diversos sectores políticos. El funcionario aseguró que no alienta una disolución parlamentaria ni respalda una ruptura del orden democrático, pese a haber planteado que una medida de ese tipo podría incrementar el respaldo ciudadano hacia el Gobierno.

La controversia se originó tras una entrevista en RPP, en la que Gutiérrez sostuvo que, en el caso peruano, los presidentes que disolvieron el Parlamento lograron mejorar su nivel de aprobación. De acuerdo con su afirmación, si la presidenta Keiko Fujimori adoptara una decisión de ese tipo, su popularidad podría aumentar “tranquilamente” entre 20 y 30 puntos porcentuales.

Sin embargo, el titular de la Defensoría del Pueblo precisó posteriormente que su comentario correspondía a un análisis sobre el desprestigio de las instituciones y no a una recomendación política ni jurídica para clausurar el Congreso bicameral.

El contexto de la declaración

Durante su intervención inicial, Josué Gutiérrez señaló que en el Perú existe una situación particular: las autoridades que se atrevieron a disolver el Parlamento habrían incrementado automáticamente sus niveles de aprobación ciudadana. Según explicó, ello responde a la pérdida de confianza de la población en las instituciones públicas y a la debilidad de la democracia.

“Resulta que en el Perú tenemos un caso curioso: el que se atrevió a disolver el Congreso, automáticamente eleva sus puntos porcentuales de aceptación”, manifestó el defensor del Pueblo. Asimismo, añadió que este efecto podría producirse con cualquier Gobierno, incluida la actual gestión de Keiko Fujimori.

No obstante, sus palabras fueron interpretadas por legisladores y sectores opositores como una insinuación favorable a un eventual cierre del Legislativo. En particular, las críticas se intensificaron debido a que Gutiérrez dirige una institución cuya misión constitucional es defender los derechos fundamentales, supervisar a la administración estatal y proteger la institucionalidad democrática.

Frente a la polémica, el defensor remarcó que sus expresiones no buscaban justificar una salida autoritaria. Por el contrario, sostuvo que pretendía advertir sobre el deterioro de la confianza ciudadana y la necesidad de recuperar legitimidad para las instituciones del Estado.

Gutiérrez niega promover una ruptura democrática

En una posterior entrevista con La Rotativa del Aire de RPP, el titular de la Defensoría del Pueblo fue enfático al negar que planteara la disolución del Congreso. “Jamás alentaré ni pediré ni nada por el estilo, la disolución de ninguna institución”, afirmó.

Además, se definió como un “demócrata convencido” y sostuvo que su trabajo institucional se basa en el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y de la libertad en la administración pública. En esa línea, aseguró que no existe ningún respaldo de la Defensoría a un quiebre constitucional.

Para Gutiérrez, la interpretación de que estaría impulsando un cierre del Parlamento es equivocada. Según su explicación, el país atraviesa una crisis de credibilidad que debe ser atendida mediante consensos, diálogo político y fortalecimiento institucional, no a través de medidas que debiliten el sistema democrático.

El defensor también advirtió que la democracia peruana enfrenta posturas autoritarias y anárquicas que afectan a la ciudadanía, pues impiden la construcción de un escenario de estabilidad. Por ello, consideró necesario que las discrepancias entre poderes del Estado sean procesadas mediante acuerdos y no con confrontaciones permanentes.

Keiko Fujimori rechaza cierre parlamentario

La presidenta Keiko Fujimori también marcó distancia de las declaraciones de Gutiérrez. Desde Tacna, la mandataria calificó sus expresiones como “un desliz” y rechazó de manera categórica la posibilidad de cerrar el Congreso.

“Yo rechazo categóricamente la posibilidad de un cierre del Congreso”, declaró Fujimori ante la prensa. La jefa de Estado sostuvo, además, que espera que el Parlamento evalúe y debata el pedido de facultades legislativas remitido por el Ejecutivo, enfocado en seguridad interna y acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño.

De esta manera, la mandataria afirmó que confía en las rutas institucionales que tiene el Congreso para discutir, modificar o aprobar las medidas solicitadas por el Gobierno. Asimismo, señaló que el propósito de su administración es utilizar los recursos públicos para convertirlos en obras y respuestas concretas frente a las necesidades de la población.

Congreso anuncia acciones

Las reacciones desde el Parlamento tampoco se hicieron esperar. Las bancadas de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y Buen Gobierno en el Senado emitieron un pronunciamiento conjunto para rechazar las afirmaciones del defensor del Pueblo, a las que calificaron como un atentado contra el orden constitucional y el equilibrio de poderes.

Los grupos parlamentarios señalaron que el Congreso representa la soberanía popular expresada en las urnas y advirtieron que la institución encargada de defender la democracia no puede emitir comentarios que contradigan el marco constitucional.

Asimismo, las cuatro bancadas anunciaron que impulsarán medidas institucionales dentro de sus competencias. Aunque el pronunciamiento no precisó inicialmente qué acciones se promoverán, los legisladores indicaron que evaluarán mecanismos legales y políticos frente a las declaraciones de Gutiérrez.

En paralelo, diputados de Renovación Popular cuestionaron que el defensor haya generado una controversia en un momento en el que el país requiere consensos políticos. Los parlamentarios Paola Martínez y Aldo Bravo pidieron prudencia y señalaron que el debate debe concentrarse en temas urgentes, como la seguridad ciudadana y la reactivación económica.