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Por Fabiana Luciani
El diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, rechazó de manera tajante las acusaciones en su contra por presunta violencia física y psicológica, luego de recuperar su libertad tras permanecer detenido en la comisaría de San Miguel. El legislador afirmó que continuará colaborando con las autoridades y pidió que el caso se esclarezca dentro del debido proceso.
En sus primeras declaraciones ante la prensa, Pérez Mallqui sostuvo que niega “rotundamente” todo lo que se le ha imputado por agresión psicológica y violencia familiar. Además, subrayó que su relación con la denunciante terminó hace aproximadamente seis meses, con lo cual intentó marcar distancia de los hechos que ahora investiga la Fiscalía.
Asimismo, el parlamentario expresó que no desea que su trayectoria pública quede definida por este episodio. Según indicó, confía en que las diligencias avanzarán con normalidad y que las autoridades podrán determinar con precisión qué ocurrió en realidad.
El caso se conoció luego de que el diputado fuera acusado por presuntos actos de violencia física y psicológica en agravio de su expareja. A raíz de ello, fue intervenido y permaneció detenido por 48 horas, plazo que culminó con su liberación en la tarde del último sábado.
De acuerdo con la información difundida, la investigación sigue en curso y la Fiscalía continuará recabando elementos para definir si existen responsabilidades penales. Por tanto, la salida del legislador no implica el cierre del caso, sino apenas una etapa procesal en desarrollo.
Mientras tanto, Juntos por el Perú también se pronunció sobre el caso y reafirmó su rechazo a toda forma de violencia. Sin embargo, la agrupación optó por esperar el avance de la investigación antes de emitir una decisión política definitiva sobre el futuro de su militante.rpp+1
La bancada señaló que respetará el debido proceso y que evaluará las medidas correspondientes según los resultados de las diligencias y sus normas internas. En consecuencia, el caso de Pérez Mallqui ya no solo tiene un frente judicial, sino también un flanco político dentro de su propio grupo parlamentario.
A la par, el episodio generó pronunciamientos desde otras instituciones. La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por los hechos denunciados y pidió una respuesta “inmediata, coordinada y categórica” del sistema de justicia ante cualquier acto de violencia contra la mujer.
Ese posicionamiento elevó la presión pública sobre el caso, especialmente en un contexto en el que la violencia de género sigue siendo una de las principales demandas de atención por parte de la ciudadanía y de las organizaciones de derechos humanos. Así, el caso de Pérez Mallqui trascendió el ámbito individual y pasó a ser observado como una prueba de respuesta institucional.
Por ahora, la situación del diputado se mantiene bajo evaluación fiscal, mientras él insiste en su inocencia y dice estar dispuesto a brindar todas las facilidades necesarias. En paralelo, la denuncia continúa su curso y podría derivar en nuevas diligencias, versiones testimoniales o medidas adicionales si la Fiscalía lo considera pertinente.diariocorreo+1
En ese escenario, el debate no solo gira en torno a las responsabilidades legales, sino también a la reacción política que debe adoptar su bancada. De hecho, ya hay pedidos para que se active un proceso disciplinario y se aplique una medida cautelar mientras avanza la investigación.
En definitiva, Julián Pérez Mallqui enfrenta una denuncia grave que ha puesto en cuestión su conducta pública y su permanencia en el espacio político. Aunque él rechaza las imputaciones y asegura que cooperará con la justicia, el caso sigue abierto y su desenlace dependerá de lo que determinen las autoridades competentes.diariocorreo+1
Mientras tanto, la atención se mantiene sobre el Congreso, la Fiscalía y su agrupación política, que deberán responder no solo con rigor legal, sino también con claridad frente a un tema que involucra violencia contra la mujer y responsabilidad institucional.
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