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La presidenta propone incluir a estas organizaciones criminales en una categoría que permita reforzar la respuesta del Estado frente al crimen organizado.
Por: Alanis Araujo
La presidenta Keiko Fujimori planteó declarar como organizaciones terroristas al Tren de Aragua, Los Pulpos y La Jauría, como parte de una estrategia para endurecer la respuesta del Estado frente a las estructuras criminales que operan en el país. La propuesta fue presentada en medio del debate sobre las medidas que el Gobierno busca implementar contra la inseguridad ciudadana.
La iniciativa forma parte de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo y busca incorporar nuevas herramientas legales para enfrentar a grupos vinculados con actividades como extorsión, sicariato y otros delitos asociados al crimen organizado.
El planteamiento de Fujimori coloca nuevamente sobre la mesa la posibilidad de aplicar una calificación de carácter terrorista a determinadas organizaciones criminales. El objetivo sería diferenciar a estas estructuras por su capacidad de generar violencia y afectar la seguridad pública.
El Gobierno sostiene que las organizaciones criminales han ampliado sus actividades y requieren una respuesta coordinada entre las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.
La propuesta también se produce después de que el Congreso ya adoptara medidas contra el Tren de Aragua. La discusión actual busca determinar si otras organizaciones con presencia y actividad criminal en el territorio nacional deben recibir una clasificación similar.
La iniciativa se enmarca en el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno. Según información difundida sobre el planteamiento, declarar terroristas a organizaciones criminales forma parte de las medidas que el Ejecutivo pretende impulsar mediante estas facultades.
El debate deberá pasar por el Congreso, donde se determinará el alcance de las facultades solicitadas y las condiciones bajo las cuales podrían aplicarse las nuevas medidas.
La propuesta de Fujimori abre así una nueva discusión sobre cómo debe responder el Estado frente a organizaciones criminales de carácter transnacional y bandas que han extendido sus actividades en distintas regiones del país.
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