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Por Fabiana Luciani
El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori presentó ante el Congreso de la República un pedido de delegación de facultades legislativas por 120 días calendario. La iniciativa, ingresada a la Cámara de Diputados mediante el Oficio N.° 245-2026-PR y calificada como de “muy urgente”, contiene 66 solicitudes para legislar en asuntos que el Ejecutivo considera prioritarios.
De aprobarse la delegación, el Ejecutivo podrá emitir decretos legislativos, aunque únicamente dentro de las materias y límites que establezca el Parlamento. En consecuencia, el proyecto deberá ser revisado primero por la Cámara de Diputados y, posteriormente, pasar al Senado para su evaluación y eventual aprobación.
Uno de los componentes más amplios del pedido está relacionado con la seguridad ciudadana, la criminalidad organizada, el sistema penitenciario, la política migratoria y el orden interno. En ese sentido, el Ejecutivo propone modificar normas vinculadas al Código Penal, el Nuevo Código Procesal Penal, la ejecución de penas, los delitos informáticos y la plataforma de denuncias digitales.
Además, el proyecto plantea establecer un marco legal para declarar a organizaciones criminales como organizaciones terroristas, facilitando su clasificación y registro. Esta medida forma parte de la estrategia anunciada por el Gobierno para endurecer la respuesta estatal frente a las bandas dedicadas a la extorsión, el sicariato y otros delitos de alto impacto.
A la vez, la propuesta busca agilizar el rastreo, la localización, la geolocalización y el bloqueo de celulares o dispositivos usados para cometer delitos. El objetivo es combatir, especialmente, las comunicaciones ilegales realizadas desde establecimientos penitenciarios y centros juveniles.
En materia carcelaria, el Ejecutivo plantea reformar el sistema nacional penitenciario y regular la participación temporal y excepcional de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los penales, así como en labores de apoyo operativo a la Policía Nacional. También se considera la creación de mecanismos de libertad vigilada postpenitenciaria para condenados por delitos de alta peligrosidad.
El paquete no se concentra solo en seguridad. Por el contrario, incluye medidas dirigidas a las micro y pequeñas empresas, el empleo juvenil, la formalización y la reducción de trabas administrativas.
En el caso de las mypes, el Ejecutivo busca fortalecer los mecanismos de formalización voluntaria y actualizar el marco regulatorio del factoring. Asimismo, plantea promover el ecosistema de emprendimiento innovador, modificar las reglas de las Sociedades por Acciones Cerradas Simplificadas y habilitar transferencias a centros de innovación tecnológica y al programa ProInnóvate.
Respecto al ámbito laboral, la solicitud contempla medidas sobre empleabilidad y autoempleo juvenil, así como cambios en la Ley General de Inspección del Trabajo para fortalecer las competencias de la Sunafil con un enfoque preventivo y basado en resultados.
El documento también propone regular bonos de productividad e incentivos por desempeño en el sector privado, sin carácter remunerativo. De igual manera, incluye cambios en el tratamiento de indemnizaciones para trabajadores de dirección y personal de confianza, además de una eventual modificación del régimen de feriados no laborables.
Por otro lado, el Ejecutivo pretende profundizar la transformación digital de entidades públicas y privadas mediante credenciales digitales y firmas electrónicas. Dentro de ese bloque figura, además, la propuesta de derogar la Ley N.° 32645, que creó el Colegio Profesional de Artistas del Perú.
Otro grupo de facultades está orientado a promover inversiones, actualizar normas sectoriales y reformar aspectos tributarios y aduaneros. El Gobierno plantea cambios en las regulaciones de minería, hidrocarburos, electricidad, pesca, acuicultura, agricultura, recursos hídricos, turismo e infraestructura productiva.
Entre las iniciativas económicas destaca la intención de modificar disposiciones sobre tasas de interés incorporadas por la Ley N.° 31143. También se propone permitir que menores de edad, desde los 12 años, puedan abrir y mantener cuentas de ahorro bancarias, bajo las condiciones que se determinen en la futura regulación.
En el campo tributario, la iniciativa busca modificar los regímenes tributarios, el Código Tributario y la normativa aduanera. De igual forma, plantea ampliar el alcance de Obras por Impuestos hacia proyectos de gestión del riesgo de desastres, infraestructura de defensa civil y viviendas rurales para familias afectadas por emergencias.
En el ámbito de la modernización estatal, el Ejecutivo plantea dictar medidas para mejorar la organización, eficiencia y coordinación de las entidades del Poder Ejecutivo. No obstante, la presidenta Fujimori ha señalado que el pedido no contempla una fusión ni reducción de ministerios.
El proyecto sí incluye una posible reestructuración de Sedapal por razones de necesidad pública, en medio de los cuestionamientos al servicio de agua y saneamiento en Lima. Asimismo, busca modificar normas relacionadas con el servicio civil, la idoneidad en la función pública y el Sistema de Inteligencia Nacional.
En paralelo, se propone facultar al Instituto Nacional de Defensa Civil para entregar directamente bienes de ayuda humanitaria durante los primeros 15 días de una emergencia. La medida apunta a acelerar la atención de poblaciones vulnerables ante desastres naturales, lluvias intensas u otros eventos que comprometan viviendas e infraestructura.
Durante una actividad en Tacna, Keiko Fujimori pidió al Congreso analizar la propuesta con “celeridad”, aunque también con serenidad. La mandataria sostuvo que las facultades permitirían “poner al Estado a mayor velocidad” y convertir los recursos públicos en obras y acciones concretas.
Sin embargo, el pedido ya abre un debate político. Si bien el documento propone modificaciones para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado, no incluye la derogación de las denominadas leyes “procrimen”, cuestionadas por sectores críticos debido a sus efectos sobre herramientas como la colaboración eficaz, la detención preliminar, los allanamientos y la interceptación de comunicaciones.
Ahora, la Cámara de Diputados deberá definir qué atribuciones autoriza, cuáles limita y cuáles eventualmente rechaza. Solo después de la aprobación parlamentaria, el Gobierno podrá emitir decretos legislativos durante los 120 días solicitados, siempre dentro del marco fijado por el Congreso.
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