Por Fabiana Luciani

Cientos de manifestantes se concentraron este 28 de julio de 2026 en el centro de Lima para rechazar la asunción de Keiko Fujimori como presidenta del Perú. La movilización, que comenzó frente al Palacio de Justicia y luego se dirigió hacia la céntrica Plaza San Martín, reunió a familiares de víctimas de la violencia política, organizaciones sociales, gremios estudiantiles y militantes de partidos de izquierda que no reconocen legitimidad al nuevo gobierno.

Cronología de la protesta: del Palacio de Justicia a la Plaza San Martín

En primer lugar, la jornada de protesta se inició en la mañana con un “lavado de banderas” frente al Palacio de Justicia, convocado por la Organización Nacional de Familiares y Víctimas de las Masacres 2022-2023. Este acto simbólico buscó denunciar la impunidad en los casos de muertes ocurridas durante las protestas sociales de esos años y expresar rechazo al nuevo gobierno por considerarlo “basado en la ilegitimidad”.

Posteriormente, la movilización se desplazó por el jirón Lampa hacia la avenida Nicolás de Piérola, con vueltas sucesivas alrededor de la alameda del Paseo de los Héroes Navales. A medida que avanzaba la ceremonia de juramentación en el Congreso, la manifestación creció con la incorporación de gremios estudiantiles de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta” (UNE) y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), entre otros.

Finalmente, la columna principal se dirigió hacia la Plaza San Martín, a pocas cuadras del Palacio de Gobierno, donde se reportaron enfrentamientos con la Policía y donde los manifestantes corearon consignas contra Fujimori y a favor de la justicia para las víctimas. Según testimonios recogidos en el lugar, Elizabeth Santisteban, hermana de Víctor Santisteban la única víctima mortal de las protestas en Lima tras la destitución de Pedro Castillo en 2022, afirmó que salió a “rechazar el gobierno” de Fujimori porque está “basado en la ilegitimidad” y lo acusó de “blindar” a las fuerzas de seguridad implicadas en las casi 50 muertes dejadas por esas protestas en todo el país.

Demandas de los manifestantes: justicia, memoria y no al “retorno fujimorista”

En consecuencia, las principales exigencias de la protesta giraron en torno a tres ejes: justicia para las víctimas de la violencia estatal, rechazo al “retorno del fujimorismo” y demanda de libertad para el expresidente Pedro Castillo. Asimismo, familiares de víctimas de los gobiernos de Alberto Fujimori y Dina Boluarte denunciaron que el nuevo gobierno representa un “riesgo de impunidad” y un “retroceso democrático".

De hecho, Gisela Ortiz, cuyo hermano fue secuestrado y asesinado por uno de los denominados “escuadrones de la muerte” del ejército en 1992, declaró a la AFP: “Es un pronunciamiento desde las organizaciones de familiares y víctimas para rechazar a este gobierno de Keiko Fujimori, no reconocerla como presidenta y señalar que no tiene legitimidad”. Por su parte, Milagros Samillán, hermana de una de las víctimas de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, sentenció: “No reconocemos al gobierno de Keiko Fujimori. No vamos a aceptar ninguna reconciliación que venga sin justicia. Conversar con ella es pactar con las mafias".

Un contexto de polarización y cuestionamiento electoral

Por otro lado, cabe recordar que la asunción de Fujimori se produce en medio de un clima de alta polarización política y cuestionamientos al proceso electoral. Aunque el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó su victoria, sectores de la oposición y movimientos sociales han sostenido que el resultado adolece de problemas de legitimidad y legalidad, y han denunciado posibles irregularidades.

Incluso, durante la entrega de credenciales, grupos de ciudadanos en regiones como Arequipa y Puno realizaron “lavados de bandera” y protestas contra el nuevo gobierno, algunos de ellos vinculados también al rechazo a proyectos mineros como Tía María. De este modo, la protesta en Lima no fue un hecho aislado, sino parte de una oleada de movilizaciones que acompañaron la transición presidencial y que reflejan la fractura política del país.

Respuesta institucional: la Defensoría del Pueblo en la zona

Ante el desarrollo de las protestas, la Defensoría del Pueblo anunció que permanecería en la zona para monitorear la jornada y verificar que se respeten los derechos de los manifestantes. El organismo informó que la movilización congregaba a delegaciones de Arequipa, Puno y otras regiones, lo que evidencia el carácter nacional del rechazo al nuevo gobierno en ciertos sectores sociales.

Asimismo, la presencia de la Defensoría buscó prevenir posibles excesos policiales y garantizar que la protesta se desarrollara dentro de los márgenes de la ley, en un contexto en el que ya se habían reportado enfrentamientos en la Plaza San Martín.

Un inicio de mandato bajo el signo del conflicto

En síntesis, el primer día de gobierno de Keiko Fujimori quedó marcado por las protestas en el centro de Lima, especialmente en la Plaza San Martín, donde cientos de personas expresaron su rechazo al nuevo gobierno. Mientras la presidenta juraba en el Congreso y luego asumía el mando en Palacio de Gobierno, las calles del centro histórico se llenaban de consignas de justicia, memoria y no al “retorno fujimorista”.

De esta manera, el inicio del mandato de Fujimori se produce en un escenario de alta tensión política, con una oposición parlamentaria que ya ha mostrado gestos de ruptura como el retiro de Juntos por el Perú del hemiciclo y con un movimiento social que no reconoce legitimidad al nuevo gobierno y exige justicia para las víctimas de la violencia política reciente.