El Poder Judicial, ordenó la liberación de Nicolás Hermoza Ríos, excomandante de las Fuerzas Armdas del Perú, del régimen fujimorista, luego de haber sido condenado por delitos de corrupción y violación de los derechos humanos.

Por Contigo TV

El Poder Judicial, cumplió con la liberación solicitada por el Tribunal Constitucional (TC) de concluir con la prisión del exjefe de las Fuerzas armadas de Alberto Fujimori, el motivo de la liberación fue por la gravedad de su salud mental que fue diagnosticado desde el 2015. La decisión se basa en su delicado estado de salud, por lo que mantenerlo en prisión solo vulnera su dignidad humana.

La decisión del Tribuna Constitucional se dio en diciembre del año pasado. Los magistrados constitucionales concluyeron por unanimidad que, de acuerdo con los informes médicos, Hermoza Ríos, ya no es plenamente consciente de la sanción que se le impuso, con lo cual la pena deja ya de cumplir su fin resocializador.

"El señor Nicolás de Bari Hermoza Ríos es un hombre de 90 años que enfrenta un estado de salud sumamente deteriorado y que se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario Ancón II, padeciendo de graves temas de salud" se lee en el documento judicial.

Nícolas Hermoza Ríos acumalaba 16 condenas por corrupción y lesa humanidad

Hermoza acumulaba 16 condenas por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, aunque solo cumplía la de mayor duración, de 25 años, de los cuales ya ha cumplido más de 18. En 2010, fue condenado por las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, y en 2017, por desapariciones forzada, tras la desaparición de dos estudiantes y un profesor en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE).

"En casos como el presente, lo que se pretende finalmente en la práctica es una libertad anticipada por el grave deterioro de la salud física y mental del condenado, quien ha sido declarado con incapacidad procesal absoluta para afrontar los procesos penales que mantenía pendientes", se lee en la resolución.

Asimismo, el TC exige al Congreso y al Ejecutivo que se establezcan regulaciones legislativas para definir los supuestos y requisitos necesarios para acceder a medidas alternativas a la pena privativa de libertad en casos similares como este.