Por Arquímedes Mayta

El expresidente Ollanta Humala comparó su situación judicial con el proceso que enfrentó la actual presidenta Keiko Fujimori y cuestionó que ambos casos hayan recibido un tratamiento diferente por parte del sistema de justicia. Sus declaraciones se producen días después de que el Tribunal Constitucional (TC) anulara la condena de 15 años de prisión que pesaba en su contra por el delito de lavado de activos y ordenara su liberación del penal de Barbadillo.

Tras recuperar su libertad, el exmandatario sostuvo que los magistrados debieron aplicar en su caso el mismo criterio utilizado para archivar la investigación contra Fujimori. Sin embargo, al mismo tiempo, marcó distancia entre ambos expedientes y negó haber recibido dinero ilícito para financiar sus campañas presidenciales.

“Nosotros no recibimos, ella sí recibió”, afirmó Humala al referirse a las diferencias que, según su versión, existen entre el caso del Partido Nacionalista y el proceso conocido como “Caso Cócteles”, relacionado con Fuerza Popular.

Cuestiona un trato desigual

Durante sus primeras declaraciones públicas luego de salir del establecimiento penitenciario, Ollanta Humala cuestionó a los jueces que intervinieron en los recursos de casación y en las decisiones relacionadas con su condena. A su juicio, el sistema judicial no mantuvo una línea coherente al resolver expedientes que tenían como elemento común el presunto financiamiento irregular de campañas políticas.

“Si le dieron a Keiko, tenían que dármelo a mí; como la metieron presa a ella, a mí también”, señaló el exgobernante, en referencia a las resoluciones que favorecieron a la lideresa de Fuerza Popular y a las medidas de privación de libertad que ambos enfrentaron en distintos momentos.

En ese sentido, Humala consideró que su proceso fue utilizado para afectar políticamente a su familia. Asimismo, acusó al sistema de justicia de haberlo mantenido en prisión pese a que, según afirmó, no existían pruebas suficientes para demostrar que él hubiera recibido aportes ilegales procedentes de Venezuela o Brasil.

No obstante, sus afirmaciones corresponden a la posición del expresidente y de su defensa. Las investigaciones fiscales y el proceso judicial sostuvieron que existieron aportes no declarados vinculados con las campañas presidenciales de 2006 y 2011, mientras que la acusación contra Keiko Fujimori estuvo relacionada con las campañas de 2011 y 2016.

El fallo que permitió su libertad

El Tribunal Constitucional anuló el proceso que terminó con la condena de 15 años contra Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, por lavado de activos. La sentencia había sido dictada en 2025, luego de un juicio en el que la Fiscalía sostuvo que la pareja recibió dinero de fuentes extranjeras para financiar actividades políticas y electorales.apnews+1

Como consecuencia de la decisión del máximo órgano constitucional, el Poder Judicial ordenó la excarcelación inmediata del expresidente. Humala abandonó el penal de Barbadillo después de permanecer aproximadamente 15 meses privado de su libertad, según los reportes difundidos tras la resolución.

La defensa del exmandatario calificó el fallo como un reconocimiento de que se vulneraron garantías constitucionales durante el proceso. Además, anunció que buscará que los efectos de la decisión alcancen a Nadine Heredia, quien permanece fuera del país y cuenta con asilo político en Brasil. Sin embargo, dicha extensión no se produce de manera automática y deberá ser evaluada por las autoridades competentes.

La respuesta de Keiko Fujimori

Por su parte, Keiko Fujimori respaldó la decisión que permitió la liberación de Humala, pese a las diferencias políticas que ambos han mantenido desde la campaña presidencial de 2011. La mandataria sostuvo que los dos procesos tuvieron un origen similar, debido a las investigaciones por presuntos aportes irregulares durante campañas electorales.

“En el caso del expresidente Ollanta Humala y en mi caso fueron temas bastante similares, por un tema de campaña política. Entonces, si en mi caso se archivó, era lógico que en el caso de él también ocurriera lo mismo”, declaró la jefa de Estado.

Asimismo, Fujimori afirmó que respeta la decisión del Tribunal Constitucional, aunque pueda discrepar de sus fundamentos. “Puedo discrepar, pero me corresponde respetarlo”, expresó, al referirse al fallo que anuló la sentencia contra el exmandatario.

La presidenta también recordó que en el pasado permaneció privada de libertad mientras afrontaba una investigación por presunto lavado de activos y organización criminal. Por ello, consideró que la resolución favorable a Humala era coherente con el archivo de su propio caso, conocido como “Caso Cócteles”.

Diferencias entre ambos expedientes

Aunque los casos de Humala y Fujimori estuvieron vinculados con el financiamiento de campañas y fueron investigados por presunto lavado de activos, existen diferencias en sus etapas procesales y en las decisiones adoptadas por los tribunales.

En el caso de Keiko Fujimori, el proceso fue archivado luego de que una instancia judicial dejara sin efecto la investigación y la acusación fiscal. La Fiscalía había solicitado una condena de 35 años de prisión por los presuntos aportes irregulares destinados a las campañas de Fuerza Popular.

En cambio, Ollanta Humala llegó a recibir una sentencia condenatoria de 15 años y fue trasladado al penal de Barbadillo para cumplir la pena mientras continuaba el trámite de sus recursos. Posteriormente, el Tribunal Constitucional declaró inválido el proceso y ordenó su liberación.

Así, mientras Fujimori sostiene que ambos casos debían recibir una respuesta semejante, Humala insiste en que la comparación debe considerar una diferencia central: la supuesta existencia de aportes ilícitos. Desde su perspectiva, el Partido Nacionalista no recibió dinero ilegal, mientras que en el caso de Fuerza Popular sí hubo aportes que fueron reconocidos durante la investigación.

Debate sobre la justicia peruana

Las declaraciones de Ollanta Humala reabren el debate sobre la actuación del sistema de justicia en los procesos vinculados con el financiamiento de organizaciones políticas. Además, plantean interrogantes sobre la aplicación uniforme de criterios judiciales cuando se investigan campañas electorales de distintas agrupaciones.

Por un lado, la defensa del exmandatario sostiene que el fallo del Tribunal Constitucional demuestra que se criminalizaron aportes de campaña y que se vulneraron derechos fundamentales. Por otro, los fiscales y sectores críticos de la resolución consideran que las investigaciones debían continuar para determinar el origen real del dinero utilizado en las campañas.

En este contexto, el caso de Humala podría convertirse en un precedente para otros procesos todavía pendientes. Sin embargo, cada expediente deberá ser revisado de acuerdo con sus propias pruebas, imputaciones y decisiones judiciales. Mientras tanto, el expresidente busca recuperar su vida política y familiar después de una etapa que, según sus propias palabras, estuvo marcada por una persecución judicial y por graves consecuencias para su esposa e hijos.