Por Fabiana Luciani

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional extendió a la exprimera dama Nadine Heredia los efectos del fallo del Tribunal Constitucional que anuló el proceso contra Ollanta Humala. También quedaron sin efecto las órdenes de captura y otras medidas judiciales.

La decisión alcanza a otros procesados y entidades vinculadas al caso

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional dispuso el archivo definitivo del proceso penal contra Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos, relacionado con los aportes investigados para las campañas electorales de 2006 y 2011 de Ollanta Humala.

La resolución, emitida el 7 de agosto, se produjo luego de que el Tribunal Constitucional (TC) anulara el proceso seguido contra el expresidente. La defensa de Heredia solicitó que los efectos de dicha sentencia también fueran aplicados a su caso.

Según la Sala, las imputaciones contra Heredia estaban vinculadas a los mismos fondos y hechos investigados en el proceso contra Humala, por lo que no correspondía mantener una persecución penal independiente. La decisión se fundamentó en el carácter favorable y no personal del fallo constitucional.

Se levantan órdenes de captura y otras medidas

Como consecuencia de la decisión, la Sala dispuso dejar sin efecto las órdenes de captura, requisitorias, medidas coercitivas y medidas de embargo que habían sido dictadas dentro del proceso alcanzado por el fallo.

En el caso de Nadine Heredia, quien se encuentra en Brasil tras haber recibido asilo político, el levantamiento de la orden de captura elimina esa restricción judicial para su eventual retorno al Perú.

La resolución también ordenó comunicar lo dispuesto al Ministerio Público para que realice las acciones correspondientes respecto al archivo de la investigación.

¿Por qué se extendió el fallo del TC?

La Sala sostuvo que el fallo constitucional que benefició a Humala no respondía únicamente a circunstancias personales del expresidente, sino a cuestionamientos sobre la legalidad y tipicidad penal de los hechos utilizados como base del proceso.

Por ello, consideró que mantener las acusaciones contra los demás involucrados habría generado una contradicción jurídica, al tratarse de imputaciones construidas sobre los mismos hechos y fuentes de financiamiento.

Con esta decisión, el proceso penal por lavado de activos relacionado con las campañas de 2006 y 2011 queda archivado de manera definitiva respecto de los investigados comprendidos por la resolución.