Por Arquímedes Mayta

El escenario legal del expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, sumará un nuevo
capítulo de alta tensión jurídica en los próximos días. El Segundo Juzgado Constitucional de Lima
dictó una resolución que autoriza de manera formal al exmandatario a realizar un informe oral,
permitiéndole ejercer su propia defensa de forma directa y virtual durante la evaluación de un nuevo
recurso de habeas corpus. El objetivo de esta medida excepcional es que el exjefe de Estado sustente
los argumentos constitucionales con los cuales pretende anular sus mandatos carcelarios y conseguir
su inmediata excarcelación.

La disposición judicial fue notificada formalmente mediante un oficio remitido a la dirección del
Establecimiento Penitenciario de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate. En dicho documento, las
autoridades del juzgado exhortaron a la administración del centro penal a brindar todas las facilidades
técnicas y logísticas necesarias para garantizar la debida conexión del interno. La sesión virtual ha
quedado programada de forma definitiva para el próximo miércoles 12 de agosto a las 11:00 de la
mañana, un evento que volverá a colocar al exmandatario frente a la opinión pública.

Nuevo pedido de libertad se sustenta en el informe de la ONU

La defensa del exmandatario, encabezada por Walter Ayala, basa su estrategia en un informe del
Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, el cual cataloga la privación de libertad
como irregular, buscando que los tribunales peruanos acaten estándares internacionales, según detalla
el informe técnico del organismo de la ONU. Asimismo, la instancia internacional sugirió al estado
peruano otorgar libertad inmediata a Castillo. De acuerdo con su criterio las autoridades judiciales
nacionales no habrían cumplido con el debido proceso conforme al derecho supranacional. Según se
indicó, un presidente en funciones no puede ser objeto de detenciones sin antes haber procedido con el
juicio político correspondiente, tal y como lo señala la constitución.

Buscan anular todo lo actuado

El recurso busca la nulidad de la vacancia, el levantamiento del antejuicio y la condena por el caso del
7 de diciembre de 2022. La defensa intenta anular también la prisión preventiva por casos de
corrupción (PetroPerú y Puente Tarata), alegando vulneración a la libertad individual, buscando la
libertad inmediata del exjefe de Estado. De declararse fundado este recurso, la consecuencia directa
sería la inmediata excarcelación del expresidente y la desaparición de todas las restricciones judiciales
que pesan en su contra. Sin embargo, una resolución de este tipo generaría un remezón institucional
sin precedentes, al dejar sin efecto decisiones clave dictadas tanto por el Congreso de la República
como por la Corte Suprema.

Por otro lado, el fallo pondría a prueba el valor vinculante que el sistema judicial peruano otorga a los
pronunciamientos de organismos multilaterales como la ONU. Si el juez constitucional acoge el
informe sobre detención arbitraria para revertir procesos por corrupción y rebelión, sentaría un
precedente de alto impacto en el fuero constitucional y la política nacional. Pero vale resaltar que aún
queda un largo camino judicial que el exmandatario tiene que seguir, en caso el juez le niega la
demanda demanda esta se elevará en apelación a una sala superior y eventualmente llegar al propio
Tribunal Constitucional.