Por Arquímedes Mayta

La Presidenta del Poder Judicial Janet Tello Gilardi emitió hoy un contundente pronunciamiento público en respuesta a las recientes afirmaciones que cuestionan la autonomía de la institución. En el documento oficial, la titular de este poder del Estado rechazó de manera enfática cualquier tipo de supuesto sometimiento o alineamiento a intereses o influencias ajenas a la judicatura, reafirmando su compromiso con la defensa de un Estado constitucional y la protección de los derechos

fundamentales.

Alerta ante proyectos de ley con fines punitivos contra jueces

Uno de los puntos más críticos del pronunciamiento plasmado en es la seria advertencia a la ciudadanía sobre el riesgo de aprobación de reformas legales que buscan menoscabar la libertad de los magistrados. La presidenta alertó explícitamente sobre proyectos de ley con tintes claramente punitivos orientados a doblegar la voluntad de los jueces al momento de adoptar sus decisiones jurisprudenciales.

En ese sentido, hizo un exhorto directo al pleno del Congreso de la República para que rechace las propuestas contenidas en el Texto Sustitutorio del proyecto de Ley que modifica la Ley de la Carrera Judicial (Ley 29277) y el Código Penal. Según el documento, estas iniciativas plantean agravar el delito de prevaricato, lo que debilitaría la independencia de los operadores de justicia. "Sin jueces independientes e imparciales no existe verdadera justicia ni democracia sólida", enfatizó la magistrada en el comunicado.

Acciones institucionales frente a las amenazas externas

La titular del Poder Judicial recordó que su defensa de la institucionalidad no se reduce a un discurso, sino a acciones concretas. Entre ellas, destacó la impugnación de proyectos de ley que afectaban la independencia judicial, el requerimiento de acompañamiento a organismos internacionales especializados como la Comisión de Venecia y la Relatoría Especial de las Naciones Unidas y la defensa de la competencia constitucional de la judicatura en procesos de amparo que resguardan los derechos de los propios jueces.

Finalmente, el pronunciamiento hace un llamado a evitar interferencias en los procesos jurisdiccionales en trámite, exigiendo la abstención de cualquier expresión que pueda interpretarse como una injerencia en casos concretos, ya que esto atenta contra la legitimidad y eficacia de las garantías constitucionales. La presidenta concluyó asegurando a la ciudadanía que, mientras ejerza el cargo, su compromiso con una justicia fiel únicamente a la Constitución y a la ley se mantendrá inquebrantable.