Por Arquímedes Mayta

En una reciente conferencia de prensa, el líder izquierdista y excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, exigió la excarcelación del exmandatario apoyándose en un reciente informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria. La demanda de Sánchez coincidió con movilizaciones y plantones de partidarios de Castillo frente a la sede partidaria en Lima, sumando un nuevo capítulo de tensión al complejo escenario de transición gubernamental que vive el país.

Los argumentos de Sánchez

El principal argumento esgrimido por Roberto Sánchez y los defensores de Castillo radica en un informe de las Naciones Unidas, el cual concluyó que la detención del expresidente, en diciembre de 2022, careció de las garantías procesales correspondientes. Para Sánchez, esta postura internacional obliga al Estado peruano a revisar la situación legal del exmandatario, quien actualmente cumple prisión preventiva y una condena en el penal de Barbadillo.

Sin embargo, desde el plano institucional, la Cancillería peruana y diversos constitucionalistas se han apresurado a marcar distancia de esta exigencia. El Ministerio de Relaciones Exteriores, por su parte, aclaró de manera tajante que el informe de la comisión consultiva carece de valor jurisdiccional y no es vinculante para los tribunales peruanos. De esta manera, el Ejecutivo ratificó que la situación legal de Castillo se define estrictamente bajo el ordenamiento jurídico nacional y en el ámbito del Poder Judicial, cerrando la puerta a una liberación por la vía administrativa o internacional.

Movilización ciudadana y baja convocatoria en el centro de Lima

La retórica de los dirigentes políticos también buscó trasladarse a la acción en las calles, aunque con resultados mixtos. En sintonía con las declaraciones de Sánchez, grupos de simpatizantes de Pedro Castillo se autoconvocaron y se concentraron en los exteriores de la sede del partido Juntos por el Perú, en el centro histórico de la capital. Algunos de ellos incluso llevaban pancartas y banderolas, exigieron no sólo la liberación del expresidente, sino también el cese de los procesos penales en su contra.

A pesar de la fuerte expectativa generada en redes sociales y por los propios organizadores de la marcha, la convocatoria ciudadana programada para recorrer las principales avenidas hacia la Plaza San Martín tuvo una escasa asistencia de unas pocas decenas de personas. Debido a la baja afluencia, los dirigentes optaron por suspender el recorrido planificado, limitando la jornada a un mitin y pronunciamiento político en las afueras de los locales partidarios, bajo el estricto resguardo de un contingente de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Escenarios de negociación y la postura de las fuerzas políticas

La exigencia de liberación de Castillo no es un hecho aislado; se ha convertido en una pieza clave dentro del ajedrez político que sostienen las fuerzas de izquierda frente a los resultados electorales recientes. Roberto Sánchez ha condicionado cualquier posibilidad de diálogo democrático con la electa mandataria Keiko Fujimori a la revisión de la situación de Castillo y el respeto a las demandas de los sectores sociales. También hizo lo propio el líder del partido El Buen Gobierno, Jorge Nieto, luego de sostener una reunión con lideresa de Fuerza Popular.

Con este panorama, la posibilidad de un indulto o de una liberación inmediata continúa viéndose lejana desde la perspectiva legal, pero fuertemente activa como consigna de movilización social. Mientras las bases del castillismo prometen mantener la presión en los exteriores del penal, el debate en el Congreso y los fueros judiciales promete seguir polarizando la agenda nacional durante los próximos meses.