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Por Fabiana Luciani
El Poder Judicial condenó a cuatro implicados en el asesinato de Quinto Inuma Alvarado, apu kichwa y defensor ambiental de la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu, en la región San Martín. La decisión judicial, conocida el lunes 24 de agosto, establece penas de hasta 35 años de prisión por el delito de sicariato, más de dos años después del ataque que acabó con la vida del dirigente indígena.
Sin embargo, es preciso aclarar que no los cuatro sentenciados recibieron 35 años de cárcel. Genix Saboya Saboya y Limber Ríos Ruiz fueron condenados a 35 años de pena privativa de la libertad; Segundo Juan Villalobos Guevara recibió 28 años y cuatro meses; mientras que Jerry Saboya Saboya fue sentenciado a 15 años como cómplice primario.
El fallo fue emitido por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, que declaró responsables a los cuatro procesados por el asesinato de Quinto Inuma, ocurrido el 29 de noviembre de 2023. La Fiscalía presentó durante el juicio oral testimonios, documentos y pericias con el objetivo de demostrar que el crimen no fue un hecho circunstancial, sino una acción planificada.
Según la acusación fiscal, el homicidio estuvo vinculado con la labor de Inuma en defensa de los derechos territoriales, ambientales y colectivos de la comunidad kichwa Santa Rosillo de Yanayacu, situada en el distrito de Huimbayoc. El dirigente había denunciado actividades como la deforestación, la tala ilegal, el tráfico de tierras y hechos relacionados con el narcotráfico en zonas cercanas a su territorio comunal.
De este modo, la sentencia determina que los responsables actuaron con el propósito de frenar las denuncias y la defensa ambiental que encabezaba el apu. La conclusión judicial constituye un elemento central del caso, debido a que relaciona directamente el asesinato con la condición de Inuma como defensor indígena y protector de la Amazonía.
Quinto Inuma Alvarado fue asesinado cuando retornaba a su comunidad luego de participar en Pucallpa en un encuentro de defensores ambientales. Durante el viaje en una embarcación por el río Yanayacu, el bote en el que se trasladaba fue detenido por obstáculos colocados en la ruta.
Posteriormente, el líder indígena fue emboscado y atacado con disparos desde los alrededores. En el mismo atentado resultó herida Axeldina Barbarán Tapullima, quien viajaba junto a Inuma y recibió impactos de proyectiles de arma de fuego.
El crimen causó especial preocupación porque el dirigente ya había reportado amenazas. Además, el Estado conocía su situación de riesgo: Inuma contaba con garantías personales y formaba parte, desde 2021, del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos. No obstante, las medidas preventivas no evitaron el ataque que terminó con su vida.
La sentencia también contempla reparaciones civiles para los herederos legales de Quinto Inuma y para Axeldina Barbarán, sobreviviente del ataque. De acuerdo con información difundida sobre la resolución, se ordenó el pago de S/750.000 a favor de los herederos del apu y S/250.000 para Barbarán Tapullima.
No obstante, al tratarse de una decisión de primera instancia, los condenados pueden presentar recursos de apelación una vez que sean notificados con el texto íntegro de la sentencia. Por tanto, el proceso judicial aún puede pasar a una instancia superior antes de que el fallo quede firme.
Pese a ello, los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Ambiente y Cultura resaltaron que la condena representa un paso importante en la búsqueda de justicia para la familia y la comunidad de Quinto Inuma. Las entidades indicaron que la decisión expresa el compromiso estatal de combatir la impunidad en crímenes contra defensores de derechos humanos, del ambiente y de los pueblos indígenas.
La condena por el asesinato de Quinto Inuma marca uno de los casos más relevantes en materia de protección a defensores ambientales e indígenas en la Amazonía peruana. En efecto, el fallo reconoce que la violencia ejercida contra el apu estuvo asociada a su oposición frente a economías ilegales que amenazaban el territorio de su comunidad.
Asimismo, la defensa legal de la familia considera que la resolución envía un mensaje frente a los riesgos que enfrentan los líderes indígenas. La sentencia, además de imponer penas de prisión, reconoce el daño causado a las víctimas y establece responsabilidades por un crimen que permaneció bajo investigación durante más de dos años.
Para Santa Rosillo de Yanayacu, la decisión judicial no revierte la pérdida de su líder; sin embargo, abre una etapa decisiva en la exigencia de justicia y en la demanda por mayores garantías de seguridad para quienes defienden los bosques, los territorios comunales y los derechos de los pueblos indígenas.
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