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Por Arquímedes Mayta
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión Méxicana expresó una enérgica condena contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), luego de la muerte de 17 ciudadanos mexicanos durante operativos y bajo custodia de esa agencia. El pronunciamiento, realizado en una sesión celebrada esta semana, refleja la creciente preocupación del Poder Legislativo por la situación que enfrentan los migrantes mexicanos en territorio estadounidense y marca un nuevo episodio de tensión en la relación bilateral entre ambos países.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, la presidenta del órgano legislativo, Laura Itzel Castillo, dio lectura a un documento mediante el cual se condenan los actos represivos atribuidos al ICE y se manifiesta solidaridad con las familias de los connacionales fallecidos. Además, el Congreso respaldó las acciones jurídicas y diplomáticas emprendidas por el Gobierno de México para exigir una investigación exhaustiva y el esclarecimiento de los hechos.
Asimismo, el documento sostiene que ninguna persona debe permanecer incomunicada ni privada de asistencia consular mientras se encuentra bajo la custodia de una autoridad. En consecuencia, los legisladores hicieron un llamado para que se respeten plenamente los derechos humanos de los migrantes, independientemente de su situación migratoria.
Paralelamente, el Congreso manifestó su apoyo a las medidas anunciadas por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, entre ellas la presentación de denuncias legales ante autoridades estadounidenses y solicitudes de intervención de organismos internacionales de derechos humanos.
De acuerdo con las autoridades mexicanas, las acciones buscan esclarecer las circunstancias en las que fallecieron varios ciudadanos mexicanos bajo custodia del ICE o durante operativos migratorios. Además, el Ejecutivo pretende que se determinen posibles responsabilidades administrativas y penales, así como garantizar que hechos similares no vuelvan a repetirse.
Uno de los episodios que más ha influido en el debate es la muerte del ciudadano mexicano Lorenzo Salgado Araujo, ocurrida en Houston, Texas. Según la versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, un agente del ICE disparó después de que el conductor presuntamente intentara embestir vehículos oficiales durante un operativo.
Sin embargo, testigos que viajaban con Salgado ofrecieron una versión diferente y aseguraron que el agente abrió fuego sin que existiera una amenaza que justificara el uso de la fuerza letal. Debido a estas contradicciones, tanto autoridades mexicanas como organizaciones defensoras de los derechos humanos han solicitado una investigación independiente que permita esclarecer lo ocurrido.
Aunque el pronunciamiento obtuvo un amplio respaldo entre diversas fuerzas políticas, no todas las bancadas coincidieron plenamente en la forma de abordar el tema. Legisladores de Morena, PAN, Partido Verde, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano respaldaron el documento oficial, mientras que representantes del PRI optaron por no suscribir el pronunciamiento, argumentando diferencias respecto a la estrategia política utilizada por el Gobierno federal.
A pesar de ello, la mayoría de los legisladores coincidió en la necesidad de proteger a los mexicanos que residen en el extranjero y exigir el respeto de sus derechos fundamentales. Incluso durante la sesión se guardó un minuto de silencio en memoria de los connacionales fallecidos.
Por otra parte, diversos diputados calificaron como preocupante el incremento de denuncias relacionadas con las condiciones de detención y el uso de la fuerza durante los operativos migratorios del ICE. Algunos legisladores sostuvieron que las políticas migratorias deben aplicarse dentro del marco del derecho internacional y respetando los principios básicos de dignidad humana.
Además, organizaciones civiles han advertido que el número de fallecimientos registrados bajo custodia migratoria requiere una investigación transparente y la implementación de mecanismos de supervisión más estrictos. En ese sentido, el Congreso mexicano pidió fortalecer la cooperación entre ambos países para garantizar la protección de los migrantes y evitar nuevas violaciones a los derechos humanos.
Finalmente, la postura adoptada por el Congreso mexicano pone de manifiesto la relevancia que el tema migratorio mantiene dentro de la agenda entre México y Estados Unidos. Mientras el Gobierno mexicano impulsa acciones diplomáticas y legales para esclarecer las muertes de sus ciudadanos, el Poder Legislativo insiste en que la protección de los connacionales debe convertirse en una prioridad permanente.
En consecuencia, el caso podría tener repercusiones en el diálogo bilateral sobre migración y derechos humanos. Al mismo tiempo, el Congreso reiteró que continuará dando seguimiento a las investigaciones y a las gestiones internacionales emprendidas por las autoridades mexicanas. Por ahora, el principal objetivo es garantizar justicia para las familias afectadas, asegurar la rendición de cuentas y fortalecer la protección de millones de mexicanos que viven o transitan por territorio estadounidense.
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