Por Fabiana Luciani

El Consejo de Ministros aprobó este jueves 27 de agosto el proyecto de ley mediante el cual el Poder Ejecutivo solicitará al Congreso de la República la delegación de facultades legislativas por un plazo de 120 días calendario. La decisión fue adoptada en una sesión encabezada por la presidenta Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno.

Tras la reunión, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, confirmó que el expediente contiene 66 pedidos elaborados por distintos sectores del Ejecutivo. Asimismo, anunció que el documento será remitido este viernes 28 de agosto a la Cámara de Diputados, donde deberá iniciarse el debate parlamentario sobre las materias y los límites de una eventual delegación.

“Los 66 pedidos de diferentes sectores tienen un sustento razonable y lógico y, sobre todo, están enfocados en poner orden, no solo en las calles sino orden en el Estado”, señaló Galarreta luego de la sesión ministerial. Además, indicó que los ministros estarán dispuestos a reunirse con las bancadas para explicar los alcances de la propuesta y buscar respaldo político en el Congreso.

La aprobación llega después de varias semanas de revisión y postergaciones. El Gobierno había anunciado, durante el mensaje presidencial del 28 de julio, su intención de recurrir a este mecanismo; sin embargo, el texto fue ajustado antes de recibir el visto bueno final del gabinete.

Seguridad ciudadana concentra parte del pedido

Uno de los ejes centrales de la solicitud está vinculado al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado. Según la información oficial, el Ejecutivo plantea crear un marco legal que facilite la clasificación y el registro de organizaciones criminales como organizaciones terroristas, una propuesta que previsiblemente generará discusión en el Parlamento por sus implicancias jurídicas y políticas.

Del mismo modo, el paquete contempla cambios en el sistema penitenciario. Entre las medidas planteadas figuran la creación de un registro de libertad vigilada pospenitenciaria para delincuentes considerados de alta peligrosidad y modificaciones en la normativa de telecomunicaciones para agilizar el rastreo, geolocalización y bloqueo de teléfonos celulares usados de manera ilícita.

En esa línea, se propone imponer sanciones más severas a las empresas operadoras cuando se detecten comunicaciones ilegales efectuadas desde penales o centros juveniles. A la vez, el ministro del Interior, César Astudillo, adelantó que el Gobierno busca que las Fuerzas Armadas tengan una intervención excepcional y temporal en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios, además de brindar apoyo a la Policía Nacional en tareas vinculadas al orden interno.

Por consiguiente, el debate legislativo deberá determinar si las medidas planteadas guardan relación directa con la delegación solicitada y si cuentan con mecanismos suficientes de control, ejecución y fiscalización.

Mypes, empleo y tributación en agenda

No obstante, la solicitud no se limita a la seguridad. El Ejecutivo también plantea legislar para fortalecer a las micro y pequeñas empresas, promover el empleo formal, impulsar el desarrollo productivo y realizar ajustes en materia tributaria y de simplificación administrativa.

La propuesta incluye, además, una reforma estructural del Poder Ejecutivo orientada a mejorar la eficiencia de la administración pública, la coordinación entre entidades y el uso de los recursos estatales. Galarreta precisó que la reestructuración no está planteada únicamente como una fusión de ministerios, sino como un proceso de ordenamiento institucional y mejora del gasto público.

En términos políticos, estas facultades permitirían al Ejecutivo emitir decretos legislativos dentro de las materias que el Congreso eventualmente apruebe. Por ello, los parlamentarios deberán revisar de manera específica el alcance de cada pedido y establecer los límites correspondientes antes de otorgar cualquier autorización.

Gestión de desastres también forma parte del paquete

Otro componente relevante está relacionado con la prevención y atención de emergencias. El proyecto plantea que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) pueda entregar ayuda humanitaria de forma directa y excepcional durante los primeros 15 días posteriores a una emergencia, sin depender inicialmente de los trámites de los gobiernos regionales o locales.

Asimismo, se busca ampliar la Ley de Obras por Impuestos para financiar infraestructura de defensa civil, gestión del riesgo de desastres y reconstrucción de viviendas rurales destinadas a damnificados. También se proponen procedimientos simplificados para inversiones de emergencia y ajustes en programas de vivienda, como el Bono Familiar Habitacional y el Bono de Arrendamiento para Emergencias.

Ahora, la discusión se trasladará al Congreso. El Ejecutivo espera que el paquete sea evaluado con rapidez; sin embargo, la aprobación dependerá de la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados y del consenso que el Gobierno pueda alcanzar con las diferentes bancadas sobre seguridad, economía, reorganización estatal y respuesta frente a desastres.