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El Gobierno de la mandataria enfrenta su momento más crítico desde que asumió la presidencia, tras la renuncia de Gustavo Adrianzén a la presidencia del Consejo de Ministros (PCM), lo cual desencadenó una crisis y disolución total en el Ejecutivo.
Por Liangshan Josué Huamán Barahona
Ante la inminente presión de la censura Congresal contra el expresidente del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén, el gobierno de Dina Boluarte se quedó en una crisis escabrosa durante la renuncia masiva del gabinete ministerial. De acuerdo con la Constitución política del Perú, la renuncia de Adrianzén, obliga a todos los ministros a poner sus cargos a disposición, asumiendo al Ejecutivo en una crisis de liderazgo y gestión.
La renuncia de Adrianzén, ocurrida el lunes 12 de mayo, fue motivada en parte por la cuestionada respuesta del Gobierno ante la masacre de 13 mineros en la provincia de Pataz, La Libertad.
“Presidenta, pensando en los altos intereses de la patria, me asiste hoy el deber de presentar ante usted mi renuncia irrevocable al cargo de presidente del Consejo de Ministros con el que usted me honró. Durante el tiempo que ejercí el cargo de premier, lo hice con gran sentido de responsabilidad y compromiso, y siempre en concordancia con el juramento que ante usted hice de cumplir mis funciones sin cometer actos de corrupción. Sería imposible enumerar ahora los logros alcanzados a lo largo de este tiempo, solo me queda indicar que todo ha sido posible gracias al gran equipo que conformamos bajo su liderazgo”, dijo Adrianzén, visiblemente emocionado, en conferencia de prensa.
La salida de Adrianzén implica no solo la caída del gabinete en pleno, sino también una parálisis temporal de las políticas públicas. “Nos encontramos ante un Estado desarmado. Desde el gobierno de Castillo y ahora con Boluarte, se ha normalizado la inestabilidad en la alta dirección del Estado, lo que afecta directamente la continuidad y eficacia de las políticas públicas”. afirma Alejandro Mejía, politólogo y docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Además, la constante rotación de ministros, implica también la debilitación de las estructuras técnicas de los ministerios y el retraso de la ejecución de proyectos nacionales. “La falta de liderazgo y la repetida declaración de estados de emergencia han fracasado en frenar el sicariato y la extorsión. Además, la permisividad ante la minería ilegal ha traído consecuencias trágicas como las ocurridas en Pataz”, señaló Mejía.
El nuevo gabinete estará ahora liderado por Eduardo Arana Ysa, quien se desempeñó como titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y queda conformado de la siguiente manera:
• Presidente del Consejo de Ministros - Daniel Ysau Maurate Romero
• Ministerio de Defensa - Walter Enrique Astudillo Chávez
• Ministerio de Economía y Finanzas - Raúl Ricardo Pérez-Reyes Espejo
• Ministerio del Interior - Carlos Alberto Malaver Odias
• Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Juan Enrique Alcántara Medrano
• Ministerio de Educación - Morgan Niccolo Quero Gaime
• Ministerio de Salud - César Henry Vásquez Sánchez
• Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego - Ángel Manuel Manero Campos
• Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo - Daniel Ysaú Maurate Romero
• Ministerio de Producción - Sergio González Guerrero
• Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - Úrsula Desilú León Chempén
• Ministerio de Energía y Minas - Jorge Luis Montero Cornejo
• Ministerio de Transportes y Comunicaciones - César Carlos Sandoval Pozo
• Ministerio Vivienda, Construcción y Saneamiento - Durich Francisco Whittembury Talledo
• Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Fanny Esther Montellanos Carbajal
• Ministerio del Ambiente - Juan Carlos Castro Vargas
• Ministerio de Cultura - Fabricio Alfredo Valencia Gibaja
• Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - Leslie Carol Urteaga Peña
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