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Kattia Velásquez
El parlamentario de Renovación Popular, Christian Aradna difundió en su cuenta de X (antes Twitter) los datos de una ciudadana que solicitó una presunta interrupción del embarazo en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay.
A través de un documento remitido al centro de salud, el congresista, “en ejercicio de sus funciones de fiscalización”, solicitó “información y verificación del cumplimiento de los requisitos legales y médicos” relacionados con el procedimiento médico.
El legislador aseguró no haber publicado la identidad ni los datos personales de la paciente, luego de eliminar el tuit en el que expuso el oficio remitido al hospital. Sin embargo, el periodista Cristian Rebosio compartió una captura de la publicación original, en la que ocultó los datos de la ciudadana.
“No mienta, congresista. Esta fue la imagen que subió y ahí, donde yo tapé, estaba el nombre de la mujer. Lo subió sabiendo que hay grupos de fanáticos religiosos que podrían acosarla. No deja de sorprender la maldad que tienen los de Renovación Popular”, afirmó el comunicador.
Posterior a los cuestionamientos, el diputado justificó el pedido ante “una denuncia que llegó a su despacho”, enfatizando en que “cualquier procedimiento debe realizarse cumpliendo estrictamente las condiciones establecidas por la legislación y los protocolos sanitarios vigentes". Además, advirtió que de encontrar irregularidades dará aviso al Ministerio Público.
El artículo 2, inciso 7, de la Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene derecho a la intimidad personal y familiar. “Este ámbito comprende la protección de información relacionada con la salud, como el récord médico y la confidencialidad de la relación médico-paciente” afirmó la abogada y periodista Rosa María Palacios. Añadió que el acto médico está amparado por esta protección, por lo que ninguna autoridad puede intervenir arbitrariamente en aspectos vinculados con el diagnóstico y la atención del paciente.
A su vez la abogada de Justicia Verde, Brenda Álvarez mencionó que “la Ley 29733 de Protección de Datos Personales también protege especialmente los datos de salud: son datos sensibles (art. 2.5), están sujetos a reglas reforzadas de consentimiento y proporcionalidad (art. 13) y a un deber de confidencialidad (art. 17)”.
La interrupción del embarazo por razones terapéuticas es legal en el Perú desde 1924, cuando fue incorporada al Código Penal bajo la figura de aborto terapéutico, aplicable cuando busca salvar la vida de la persona gestante o evitar un daño grave y permanente en su salud.
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