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Por Katia Velasquez
A través de la Ley N.° 32735, conocida como Ley Rospigliosi, el Fuero Militar Policial plantea asumir el caso de la muerte de un adolescente en la comisaría de Manchay, actualmente investigado por la Fiscalía de Derechos Humanos como un presunto homicidio.
El Fuero Militar Policial inició una investigación preliminar contra el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) Christian Alex Cáceres Gutiérrez por presunto exceso en el ejercicio del mando y desobediencia. Como parte de las diligencias, la Fiscalía Militar Policial N.° 06 del Centro citó al padre del adolescente, Javier Orlandini Cubas Silva, para brindar su testimonio el 25 de septiembre.
La investigación militar se desarrolla de manera paralela a la pesquisa del Ministerio Público, que indaga la muerte del menor bajo la hipótesis de un presunto homicidio. El adolescente falleció el 14 de junio, luego de permanecer retenido en la comisaría de Manchay, en Pachacámac.
La necropsia determinó que la causa de muerte fue una asfixia mecánica por ahorcamiento. Aunque la PNP sostuvo inicialmente que podría tratarse de un suicidio, el padre del menor cuestionó esa versión y denunció que su hijo presentaba signos de violencia, además de un presunto pedido de dinero para conseguir su liberación.
La diferencia entre ambas investigaciones radica en la naturaleza de los delitos atribuidos. Mientras la Fiscalía ordinaria busca determinar las circunstancias de la muerte, el fuero militar evalúa posibles incumplimientos relacionados con el ejercicio de las funciones policiales.
El inicio de la investigación militar ocurre bajo el nuevo marco establecido por la Ley N.° 32735, promovida en el Congreso por Fernando Rospigliosi. La norma amplió los supuestos considerados delitos de función para miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía, especialmente cuando los hechos ocurren durante determinadas labores operativas.
El abogado especializado en derechos humanos Carlos Rivera cuestionó que una investigación relacionada con la muerte de una persona bajo custodia policial pueda terminar en manos de la propia institución. Según explicó, los estándares internacionales exigen independencia en las pesquisas sobre fallecimientos ocurridos bajo responsabilidad del Estado.
“Bajo ninguna circunstancia un crimen cometido por policías debe terminar siendo investigado por sus compañeros de armas”, sostuvo Rivera, al señalar que la aplicación de la norma podría debilitar la investigación del Ministerio Público.
La Ley N.° 32735 establece, además, que no pueden desarrollarse procesos paralelos en ambas jurisdicciones por los mismos hechos y que los conflictos de competencia deberán ser resueltos por la Corte Suprema. Rivera advirtió que esto podría generar un enfrentamiento entre ambas vías y retrasar la investigación.
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