Sep
Katia Velásquez
El Ejecutivo incluyó en su pedido de facultades legislativas una propuesta para derogar las disposiciones de la Ley 31143 que establecen límites a las tasas de interés. La medida busca ampliar el acceso al crédito formal, aunque actualmente las tasas máximas permitidas ya alcanzan el 114,13% anual en moneda nacional.
El Gobierno de Keiko Fujimori propuso eliminar los topes a las tasas de interés que pueden cobrar las entidades del sistema financiero como parte del pedido de facultades legislativas presentado ante el Congreso. La iniciativa plantea modificar normas que actualmente regulan estos límites y establecer, en su lugar, nuevas disposiciones orientadas a fortalecer la transparencia y el acceso a información financiera.
La propuesta busca derogar las disposiciones incorporadas por la Ley 31143, conocida como Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros. Esta norma, vigente desde marzo de 2021, otorgó al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) la facultad de establecer semestralmente las tasas máximas que pueden cobrar las entidades financieras en determinados créditos.
Para el periodo comprendido entre mayo y octubre de 2026, el BCRP estableció una tasa máxima de 114,13% anual para los créditos en moneda nacional y de 99,84% para aquellos en moneda extranjera.
El límite actual es superior al establecido cuando comenzó a aplicarse la Ley 31143. En mayo de 2021, la tasa máxima fue fijada en 83,40% anual para créditos en soles y en 68,38% para los otorgados en moneda extranjera. Desde entonces, el tope ha sido actualizado de manera semestral.
Sin embargo, el límite de la tasa de interés compensatoria no representa necesariamente el costo total que asume un usuario. De acuerdo con información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), existen tarjetas de crédito cuya Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA) llega hasta 208,31%. Este indicador incorpora, además de los intereses, comisiones, gastos y otros costos asociados al crédito.
El Ejecutivo estima que alrededor de 542.900 personas quedaron fuera del sistema financiero como consecuencia de la aplicación de los topes. El documento sostiene que las mayores dificultades se concentraron entre personas de menores ingresos, particularmente aquellas con deudas inferiores a S/ 3.000 y con menos de dos años de historial crediticio.
Bajo esta argumentación, el Gobierno considera que permitir una mayor libertad en la fijación de tasas podría ampliar la oferta de préstamos para personas y pequeños emprendimientos que actualmente tienen dificultades para obtener financiamiento formal. La propuesta parte de la premisa de que algunos usuarios podrían acceder a créditos con intereses elevados en lugar de recurrir a mecanismos informales de préstamo.
La propuesta forma parte de un pedido de facultades legislativas más amplio, que incluye reformas en sectores como minería, pesca, hidrocarburos, electricidad, ambiente e infraestructura. Su eventual aprobación permitiría al Ejecutivo legislar sobre estas materias durante el periodo de facultades que solicite al Congreso.
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