Por Arquímedes Mayta

Una nueva controversia política ha estallado en el sector de infraestructura de la capital peruana. El
ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey Rey, afirmó categóricamente que los vagones
y locomotoras de la empresa estadounidense Caltrain, destinados al ambicioso proyecto ferroviario
Lima–Chosica, no corresponden a un acto de donación gratuita como lo sostuvo el exalcalde Rafael
López Aliaga. Por el contrario, el titular del MTC aseguró de forma tajante que la operación
financiera constituyó una compra directa efectuada por la Municipalidad Metropolitana de Lima
(MML) mediante el desembolso de fondos públicos autorizados.
Las declaraciones del alto funcionario, vertidas durante una entrevista periodística en televisión
nacional, contradicen de forma frontal el discurso político que ha defendido el partido de la
solidaridad en los últimos meses. "Hay que decir la verdad, no se trató exactamente de una donación,
ha sido una compra, una compra del municipio de Lima a la empresa Caltrain", puntualizó el ministro
Rey. Además, jefe de la cartera de Transportes detalló que, si bien el valor real de mercado de las
unidades ferroviarias supera el monto final cancelado por la corporación municipal, existió un pago
contractual de varios millones de dólares transferidos de manera directa a la firma norteamericana.

Fondos municipales bajo sospecha y el rol supervisor de Pro-Inversión

La aclaración del Poder Ejecutivo ha puesto bajo el foco de la fiscalización el uso de los recursos
presupuestarios asignados a la capital de la República. Según la tesis expuesta por el ministro Rafael
Rey, los desembolsos monetarios para concretar la adquisición del material rodante fueron aprobados
en las instancias internas de la propia comuna capitalina, descartando de plano un beneficio de auxilio
internacional altruista. El lote en controversia comprende un total de 93 vagones y aproximadamente
20 locomotoras que actualmente permanecen almacenados sin entrar en funcionamiento regular.
Ante este escenario de incertidumbre técnica y legal, el titular del MTC remarcó que la
responsabilidad exclusiva sobre el destino definitivo y la viabilidad operativa de estos trenes recae en
la agencia estatal ProInversión. Esta entidad de promoción de la inversión privada ha iniciado los
estudios correspondientes para determinar si la infraestructura actual de las vías férreas de Lima Este
se encuentra apta para soportar el tránsito de dicho cargamento. Rey enfatizó que la propiedad legal de
las unidades le pertenece al municipio limeño, pero exhortó a que los detalles técnicos de costos de
transporte, seguros e impuestos sean debidamente esclarecidos ante la ciudadanía.

La advertencia de conflicto diplomático

La reacción desde la interna municipal y los sectores aliados al exalcalde de Lima no se hizo esperar.
A través de un pronunciamiento oficial de urgencia, la Municipalidad Metropolitana de Lima rechazó
de plano las aseveraciones del ministro y ratificó la validez jurídica de la entrega gratuita del material
ferroviario. El municipio capitalino aclaró que los trenes, repuestos, coches con cabina, remolques y
manuales técnicos fueron transferidos bajo la modalidad formal de "donación con carga" por parte de
la compañía estadounidense Peninsula Corridor Joint Powers Board–Caltrain. La comuna instó al
titular del sector a revisar la documentación técnica de las mesas de trabajo antes de emitir opiniones
públicas apresuradas.
En paralelo, el exburgomaestre y actual líder de Renovació n Popular, Rafael López Aliaga, arremetió
duramente contra Rafael Rey, acusándolo de actuar de manera "ligera" y de provocar de forma
irresponsable un grave problema diplomático con el gobierno de los Estados Unidos. El dirigente
político argumentó que el acuerdo comercial cuenta con el respaldo de las más altas esferas
diplomáticas de Washington, habiendo sido suscrito formalmente en su momento por el entonces
secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken. Asimismo, López Aliaga recordó que la
presidenta Keiko Fujimori se comprometió públicamente a viabilizar la puesta en marcha de la
primera fase del Tren Lima–Chosica, por lo que exigió el cese de lo que considera un bloqueo político
destructivo.