Dos suboficiales de la Policía Nacional del Perú han sido condenados a penas de hasta 12 años de prisión efectiva por el asesinato de tres manifestantes durante el paro agrario contra la llamada “Ley Chlimper”, ocurrido en diciembre de 2020 en la región La Libertad. Así lo reveló el semanario Hildebrandt en sus trece.

Por Liangshan Josué Huamán Barahona

El suboficial Víctor Bueno Alva fue sentenciado a 12 años de prisión, mientras que José Hoyos Agip recibió una condena de 10 años. Ambos fueron hallados culpables del asesinato de Reynaldo Reyes Ulloa (27), Jorge Muñoz Jiménez (19) y Kauner Rodríguez de la Cruz (16), tres jóvenes que participaban en las protestas por mejores condiciones laborales en el sector agroindustrial.

De acuerdo con la investigación, el suboficial Hoyos fue responsable del disparo en la cabeza que acabó con la vida de Jorge Muñoz Jiménez, mientras que Víctor Bueno fue identificado como el autor de los disparos que mataron a Reyes Ulloa y al menor de edad. La acusación contra Bueno fue respaldada por fotografías captadas por un reportero gráfico, donde se le observa disparando directamente contra los manifestantes.

Las familias de las víctimas esperaron cinco años para obtener justicia tras este violento episodio de represión policial durante las movilizaciones contra la Ley N.º 27360, también conocida como la “Ley Chlimper”.

Setencia a policías: ¿Qué es la “Ley Chlimper”?

Promulgada el 30 de octubre del año 2000, la Ley de Promoción al Sector Agrario fue impulsada por el entonces ministro de Agricultura, José Chlimper Ackerman, figura clave del régimen de Alberto Fujimori. Esta norma fue ampliamente criticada por precarizar las condiciones laborales de los trabajadores agroindustriales, permitiendo extensas jornadas con sueldos por debajo del mínimo legal, escasos beneficios y sin acceso a seguro social.

Las protestas de 2020 fueron una expresión masiva de rechazo a esta legislación, que muchos consideran una herencia del fujimorismo en perjuicio de los derechos laborales en el campo peruano.

¿La justicia alcanzará a Dina Boluarte?

La reciente sentencia contra los suboficiales podría sentar un precedente importante. Diversas organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil han señalado que la presidenta Dina Boluarte también deberá responder ante la justicia por la muerte de al menos 49 personas durante las protestas sociales ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023 en diversas regiones del país.
Aunque la justicia tarde, como en este caso, podría marcar el inicio de una etapa en que los crímenes cometidos durante protestas sociales no queden impunes.