Por Arquímedes Mayta

En su primer mensaje a la Nación como presidenta de la República, Keiko Fujimori anunció un aumento del salario mínimo en Perú, lo que marca el primer gran gesto económico de su recién iniciado gobierno y abre un intenso debate sobre su verdadero impacto en el bolsillo de los trabajadores. La medida, que eleva la Remuneración Mínima Vital (RMV) de S/ 1.130 a S/ 1.300, supone un incremento cercano al 15% y busca, según el Ejecutivo, mejorar los ingresos de quienes están en la formalidad, aunque todavía no se ha precisado la fecha exacta de entrada en vigencia.

El anuncio en pleno cambio de gobierno

Durante su discurso de investidura ante el Congreso, Fujimori presentó el aumento de la RMV como parte de una estrategia más amplia para “mejorar la calidad de vida de todos los peruanos”, vinculando el ajuste con la promesa de reactivar la economía y avanzar hacia la formalización laboral. En ese contexto, la presidenta subrayó que la subida del salario mínimo será acompañada por un bono compensatorio único dirigido a micro y pequeñas empresas (mypes), con la intención declarada de ayudarlas a enfrentar el mayor costo laboral sin reducir planillas ni frenar contrataciones.

La decisión se produce, además, después de meses de campaña donde distintos candidatos ensayaron propuestas de incremento del sueldo mínimo, desde montos cercanos a los S/ 1.300 hasta planteamientos mucho más ambiciosos que bordeaban los S/ 2.000. Así, el anuncio oficial consolida el escenario que los analistas venían perfilando desde 2025: un ajuste moderado, políticamente viable y técnicamente defensible frente a las presiones inflacionarias.

De S/ 1.130 a S/ 1.300: lo que significa el salto

Actualmente, la RMV en Perú se sitúa en S/ 1.130, nivel que rige desde el 1 de enero de 2025 tras el decreto que aumentó el salario mínimo desde los S/ 1.025 vigentes previamente. El nuevo anuncio eleva ese piso en S/ 170 adicionales, lo que representa un aumento cercano al 15% y lleva el ingreso mínimo a unos 381 dólares, según el tipo de cambio de referencia utilizado en los despachos internacionales.

Si bien la cifra puede parecer relevante, las centrales sindicales recuerdan que el valor de la canasta básica familiar para un hogar de cuatro personas se ubica en torno a los S/ 1.848, de acuerdo con estimaciones del INEI para 2025, lo que evidencia que incluso con el ajuste, el trabajador que percibe el sueldo mínimo sigue lejos de cubrir el costo real de vida. Esta brecha es uno de los datos más llamativos del debate, porque muestra hasta qué punto el salario mínimo funciona más como un piso de referencia que como una garantía de ingresos suficientes en términos de consumo básico.

El bono para mypes y las dudas empresariales

Uno de los elementos más específicos del anuncio es el llamado “bono compensatorio” por única vez para micro y pequeñas empresas, pensado como un parche transitorio para amortiguar el impacto del aumento de la RMV sobre sus costos. De acuerdo con la explicación oficial, este bono buscaría favorecer la formalización, evitando que las mypes opten por la informalidad o el recorte de personal ante la nueva exigencia salarial.

Sin embargo, todavía no se conocen el monto exacto, las condiciones de acceso ni el calendario de pago de este incentivo, lo que genera incertidumbre entre los gremios empresariales y los especialistas en política laboral. Mientras tanto, diversos análisis advierten que el verdadero desafío será lograr que el aumento no se traduzca en mayor rotación, contratos más cortos o un traslado de costos vía precios al consumidor final.

Comparaciones regionales y presión sindical

El debate peruano se inscribe, además, en una región donde varios países reajustaron sus salarios mínimos para 2026, muchas veces con porcentajes superiores al peruano. Por ejemplo, en Colombia el salario mínimo legal mensual vigente quedó fijado transitoriamente en 1.750.905 pesos, con un incremento del 23% frente a 2025, en medio de una pulseada jurídica que obligó al Gobierno a emitir un nuevo decreto para evitar un vacío normativo. Asimismo, en países como Brasil, el piso nacional se reajustó combinando la inflación del año anterior y el crecimiento del PIB, reforzando la idea de que la región vive un ciclo de recuperación nominal de salarios mínimos.

En el caso peruano, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) viene reclamando desde hace meses que la RMV se acerque al valor de la canasta básica familiar, lo que implicaría un aumento mucho más agresivo que el anunciado por Fujimori. Aunque el nuevo monto de S/ 1.300 supone un avance respecto a los S/ 1.025 de 2022, los sindicatos sostienen que la actualización sigue por detrás del encarecimiento acumulado de alimentos, servicios y vivienda.

Lo que viene: fecha, reglamento y negociación

Por ahora, el incremento a S/ 1.300 está anunciado pero no reglamentado, y la prensa especializada subraya que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Trabajo deben definir la fecha de entrada en vigor mediante el correspondiente decreto. En paralelo, se espera que en el Consejo Nacional de Trabajo se abra una nueva ronda de diálogo con sindicatos y empresarios, lo que podría ajustar algunos aspectos técnicos, como el cronograma de aplicación y la focalización del bono para las mypes.

De este modo, el aumento del salario mínimo en 2026 se convierte en una pieza clave del tablero político y económico peruano, al mismo tiempo un gesto simbólico hacia los trabajadores y un test de fuego para la relación del gobierno de Keiko Fujimori con el sector empresarial y la clase trabajadora. En función de cómo se implemente, y de si logra o no acompañarse de una política más amplia de productividad y formalización, este incremento podrá ser leído como un alivio real para los ingresos o apenas como un ajuste mínimo frente a un costo de vida que no deja de subir.